El Gobierno y el Partido Socialista han logrado la mayoría en el Congreso para imponer la prohibición total de fumar en todos los establecimientos de hostelería. Con esta modificación de la ley del tabaco, que entrará en vigor el 2 de enero, España se sitúa a la cabeza del reducido grupo de países de la Unión Europea que han optado por un prohibicionismo radical (Chipre, Irlanda y Reino Unido) frente a la gran mayoría formada por los 24 países de la UE que están dando una respuesta eficaz a la lucha contra el tabaquismo en un contexto de moderación, en el que se permite que existan zonas para fumar en todos los establecimientos de hostelería.
Frente a las manifestaciones de la ministra de Sanidad de que “con esta ley España se ha acercado más a Europa”, lo cierto es que España se ha distanciado significativamente de las posiciones de mayor diálogo y moderación adoptadas por la mayoría de la sociedad europea representada por países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Suecia, etc.; países de los que no se puede decir que no son sociedades avanzadas y que no les importa la salud pública.
Desde el primer momento, desde el Ministerio de Sanidad y otras organizaciones, se ha intentado transmitir la idea de que los hosteleros defendíamos posiciones a favor del consumo de tabaco y en contra de la salud, cuando somos los propios hosteleros los que hemos aportado soluciones prácticas, que solucionaban los problemas, y no nos perjudicaban económicamente, en la línea de otros países más avanzados en la protección de la salud de sus ciudadanos sin castigar la economía de sus empresas.
Ni al Gobierno ni al Partido Socialista les ha importado, pese a sus reiteradas afirmaciones, mantener el consenso político y social que respaldaba la ley que entró en vigor el 1 de enero de 2006. No se ha prestado la menor atención a la propuesta de los hosteleros de prohibir el consumo del tabaco en todos los establecimientos con la única excepción de unas reducidas “zonas para fumar”.
Con esta medida, se daba una solución eficaz a los problemas del derecho de los trabajadores a no prestar sus servicios en zonas contaminadas por el tabaco, y al derecho de los no fumadores a encontrar en todos y cada uno de los 350.000 establecimientos de restaurantes, cafeterías y bares de España, espacios totalmente libres de humo (como mínimo el 70% de la superficie).
Tal y como ha ocurrido en otros países donde la prohibición total se ha impuesto, y por la propia percepción de nuestros empresarios y asociaciones, los hosteleros nos hemos opuesto a la prohibición total, por la reducción del consumo y de la facturación que esta medida radical puede tener en la actividad del sector En estos momentos, sin embargo, lo que deseamos, como empresarios, es que esas previsiones de pérdidas no se cumplan. Más que ver confirmadas nuestras estimaciones de caída de la actividad, nos importa que nuestros establecimientos
puedan seguir funcionando con normalidad y con expectativas de recuperación de la fuerte crisis que padecemos.
Pero estamos obligados a efectuar un seguimiento riguroso del impacto que la prohibición total va a tener en nuestros establecimientos en los próximos meses, con el objetivo de denunciar ante la sociedad y los poderes públicos las pérdidas que, en su caso, se produzcan y exigir la responsabilidad del Ministerio de Sanidad y de los políticos que no han atendido nuestras razones ni han querido hacer el estudio de previsión de impacto de la ley que reiteradamente les hemos pedido y que es lo que, en rigor, debe hacerse antes de aplicar medidas de tanta trascendencia social.
