La información aparecida el pasado viernes en el diario El País, que recogía el contenido de la denuncia presentada en los juzgados por el empresario Jesús Manuel Rosado y que señalaba al Ayuntamiento de Ciudad Real como el supuesto escenario de una densa trama de corrupción, es de tal gravedad que exige el esclarecimiento exhaustivo de los hechos hasta el último dato. No obstante, la trascendencia de la noticia para el futuro político de la región obliga a tener en cuenta algunas consideraciones. Lee el editorial de MICIUDADREAL.ES
En una sociedad democrática, el ejercicio del poder ha de estar permanentemente auditado por la opinión pública a través de su representación en las instituciones y del papel de los medios de comunicación. En este sentido, al papel del rotativo nacional no se le debería poner ningún reparo: periódico y periodista se limitaron a informar sobre la realidad tangible de la que tuvieron conocimiento.
Sin embargo, teniendo en cuenta el derecho constitucional a la presunción de inocencia, y dada la decisiva relevancia política que la información puede tener en Castilla-La Mancha, cabe hacerse varias reflexiones sobre el particular, sin que ello suponga un juicio de valor sobre el rol del histórico periódico.
La primera es que no se debe soslayar la función del medio de comunicación como instrumento político. Aunque sea legítima esta función, el lector no debe pasar por alto, si quiere contextualizar los hechos, que días antes de las elecciones municipales de 2006 se produjo un caso similar que tuvo exactamente los mismos protagonistas, periódico, periodista y políticos. Se trató del llamado Caso del Quesito, que consistió en la adquisición de viviendas en condiciones de ventaja por parte de varios miembros de la Corporación. Aunque la actuación de los políticos fuera moralmente reprobable, la realidad es que las diligencias fueron archivadas porque no se infringió ley alguna.
La segunda consideración es la fiabilidad moral del empresario denunciante, denunciado a su vez por el Ayuntamiento de Ciudad Real en marzo de este año. El empresario no ha dudado en confesar su propia corrupción para morir matando, detalle que obliga a tomar con cautela los datos aportados en su denuncia.
La tercera es la celeridad con que los miembros del Grupo Municipal Socialista convocaron una rueda de prensa para pedir explicaciones sobre la información de El País, sin esperar siquiera el tiempo prudencial y necesario para analizar la situación con más interés ciudadano y menos interés de partido.
Inquina electoral
Como se ha puesto de manifiesto en el pasado, el encono político ha llegado hasta el miserable punto de judicializar las elecciones. A falta de proyectos ilusionantes, argumentos de peso y poder de persuasión, han sido habituales los casos en que los partidos de uno y otro signo recurrieron a sus medios aliados para la filtración de escándalos estratégicos. No sabemos si este nuevo capítulo responde a esa triste realidad, pero en este contexto de inquina electoral el fin de este tipo de denuncias no parece, en puridad, el repudio de actos delictivos al amparo del poder, sino una avanzadilla electoral para ir allanando el camino al candidato aliado.
La opinión pública, poco a poco, está aprendiendo a separar el grano de la paja y a analizar los acontecimientos en el contexto apropiado, y sobre todo, con la experiencia de conocer a los actores en liza. Vaya por delante que si el juez estima que las acusaciones de Jesús Manuel Rosado son ciertas, no sólo los actuales mandatarios municipales involucrados en esa trama deben dimitir ipso facto, sino que tendrán que pagar sus responsabilidades penales, si las hubiera. Pero, mientras tanto, manda la presunción de inocencia, al tiempo que las circunstancias descritas anteriormente obligan a tener presente la clave política, al margen de la estrictamente judicial.
No pasa desapercibido que la provincia de Ciudad Real será clave, tanto para las elecciones municipales y autonómicas como para las generales, y que la capital es una ciudad que se resiste de manera contumaz a un gobierno socialista. La sensación es que todo es una gigantesca comedia bufa; que lo que se busca es el poder con denuncias de corruptelas aprovechando la venganza de un empresario iracundo y no la regeneración política. La peligrosa tendencia a judicializar las elecciones están dañando hasta extremos inasumibles el propio sistema, puesto que no es extraño detectar entre los ciudadanos esa comparación tácita que pone a denunciados, denunciantes y beneficiarios del denunciante a la misma altura moral.
Explicaciones convincentes
MICIUDADREAL.ES, como medio ciudadano, exige a la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y a las personas aludidas en la trama, que den pronto y cuanto antes una explicación convincente antes los ciudadanos, los únicos que deben importarle (el portavoz municipal, Francisco Cañizares, ya ha apuntado al chantaje puro y duro, pero no es suficiente), que aceleren las acciones legales si se consideran calumniados o vilipendiados por intereses espurios… Y, en todo caso, que se incremente la transparencia en la gestión municipal. Y, por supuesto, que sea la Justicia la que falle.
Por otra parte, este digital pone asimismo en cuarentena el arrebato de transparencia de la oposición municipal socialista que, bien numerosa, ni fue capaz de denunciar a tiempo el caso del Quesito, ni se ha mostrado ahora lo suficientemente implacable para haber abortado la supuesta trama apenas tuviera sospecha de ella, salvo que esperara a la marca del guión.
A estas alturas no nos cabe duda de la información sensible que, con relativa frecuencia y a veces no por los cauces más adecuados, fluye por los cuarteles generales de los partidos políticos. Si aplicamos la pregunta elemental del detective ante el cadáver caliente del finado -¿a quién beneficia el crimen?- la respuesta es clara: a José Valverde, candidato a la Alcaldía de Ciudad Real; y a José María Barreda, candidato a la Presidencia regional.
Confiamos, pues, en que el caso se solvente y resuelva cuanto antes, y nos libere de la perspectiva de un semestre infernal en el que los juzgados suplanten a las ideas de nuestros representantes políticos. Y que la verdad resplandezca, y ponga a cada uno en su sitio.
