La solicitud de concurso necesario de acreedores para la Fundación Virtus queda únicamente pendiente de resolución judicial, una vez celebrada la segunda y última vista en el Juzgado número 4 de Ciudad Real. Tras renunciar a la auditoría pericial, para la cual era necesario el depósito de una provisión de fondos, el demandante Fernando Muñoz Marín volvió a denunciar las irregularidades contables en Virtus, mientras que la fundación le acusa de presentar pagarés sin factura. MICIUDADREAL.ES te cuenta en exclusiva el transcurso de este proceso.
El pasado 10 de noviembre tuvo lugar en el Juzgado número 4 de Ciudad Real la segunda y última vista celebrada a instancias de Fernando Muñoz Marín para solicitar concurso necesario de acreedores en la entidad puertollanera. Tras la decisión de Muñoz Marín de renunciar a la auditoría pericial por considerar “evidentes” las pruebas documentales aportadas previamente, ambas partes se limitaron a cimentar sus estrategias ante la magistrada que instruye el caso. Así pues, el contencioso que dirimen la Fundación Virtus y Fernando Muñoz Marín, que reclama a través de su sociedad Interconsult Servicios Estratégicos el pago de 260.000 euros, queda pendiente de resolución judicial.
Durante la vista, el abogado de Interconsult subrayó los “escasos aspectos probatorios que se han aportado” para impedir la declaración concursal. Para el representante de Muñoz Marín “son claras y evidentes las irregularidades contables de la Fundación Virtus”. El letrado hizo constar “el desorden del libro diario, en el que además no se han reflejado asientos; no hay libros de inventarios, ni han sido aportados libros de actas”.
Según los demandantes, los documentos aportados por Virtus no son coherentes, ya que se presentaron certificados de Hacienda y Seguridad Social que contrastan con las deudas reflejadas en la prueba documental. También señaló presuntas irregularidades que vulneran la Ley de Fundaciones y, sobre todo, insistió en que el ratio de solvencia de las cuentas aportadas arroja un coeficiente de 0,39, “cuando, al menos, debe ser de un 1 para probar la solvencia de una empresa”.
Por su parte, la defensa de la Fundación Virtus insistió en que no se dan los supuestos que la Ley prevé para declarar un proceso concursal. La representación de Virtus recordó que “no se debe nada” y que además Interconsult ha aportado una relación desordenada de pagarés y facturas. En este sentido, Virtus enfatizó que “se han presentado facturas por importe de 99.000 euros y pagarés por 260.000, lo que implica que se podrían haber aportado pagarés que no tienen factura”.
El abogado de Virtus aseguró de nuevo que la fundación no debe nada a Interconsult porque no ha acreditado ninguna deuda vencida. También llamó la atención sobre el hecho de que la parte demandante hubiera tenido acceso a una contabilidad que no es pública.
La solvencia de Virtus
Respecto a la solvencia de la Fundación, el representante de la entidad municipal recalcó que la documentación aportada refleja fielmente la situación de la empresa. “Se deben 1.600.000 euros, pero ya se ha enjugado una deuda superior a los dos millones de euros; el resultado neto de este ejercicio es un superávit de más de dos millones de euros”. Negó la existencia de incoherencias en los datos aportados en relación con Hacienda ya que, explicó, “de lo que estamos hablando realmente es de deuda exigible, y no aplazada. No debemos nada a Hacienda porque la deuda reflejada en contabilidad aún no es exigible”.
La Fundación Virtus también basa su defensa en su condición de institución pública sin ánimo de lucro que no puede ser comparada con una sociedad mercantil. A juicio del letrado, tanto la aportación económica de los patronos como la reciente reestructuración de la Fundación han solucionado el problema de las deudas. “Es constatable que hemos acreditado una solvencia excepcional en los últimos once meses; no se puede comparar a la Fundación con una sociedad mercantil, ya que Virtus es una fundación sin ánimo de lucro y su resultado ha de tender a cero”. En resumen, Virtus se opone al concurso porque “quien lo pide no está autorizado para ello y porque no se da ninguno de los requisitos establecidos en la ley concursal”.
La Fundación Virtus, presidida en la actualidad por la concejala Eva Morales, es una entidad dependiente del Ayuntamiento de Puertollano dedicada a la formación aeronáutica. Aunque Virtus recibió en los últimos siete años más de nueve millones de euros, presentaba a principios de 2010 unas deudas acumuladas de 3,5 millones. Sólo pudo sobrevivir gracias a la aportación de dos millones de euros por parte del Gobierno regional (que sirvieron para condonar la deuda urgente), y su posterior conversión en entidad municipal.
Según los representantes de Virtus, la deuda que a principios de año presentaba la fundación (3,5 millones de euros) ha sido ya enjugada en sus dos terceras partes gracias a las aportaciones de los patronos. En la actualidad, la contabilidad de la entidad refleja unas deudas de 1,6 millones de euros, aunque entre las previsiones de ingresos destacan una partida de 500.000 euros, que aportará la Consejería de Educación; y otra de 150.000 proveniente del propio Ayuntamiento.
Uno de los numerosos episodios que salpican la historia de Virtus es su relación con Fernando Muñoz Marín, sobrino del ex presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín. El Juzgado será ahora el encargado de dictaminar la veracidad de la documentación aportada y de emitir un juicio sobre el estado de Virtus entre los años 2007 y 2008.
El administrador único de Interconsult, Fernando Muñoz Marín, ha realizado numerosos trabajos para el Ayuntamiento de Puertollano y su Agencia de Desarrollo Empresarial (Fundescop), así como para la Fundación Empresarial de Puertollano.
