La política de infraestructuras de transporte que vienen desarrollando los diversos gobiernos centrales, y también en la medida de sus capacidades las Comunidades Autónomas, desde hace años se ha caracterizado por el despilfarro de recursos económicos, territoriales y ambientales. El oneroso “rescate” a las sociedades concesionarias de autopistas, pertenecientes a las principales constructoras españolas –unas empresas con enormes márgenes de beneficios y que se catalogan entre las mayores del mundo–, es otra prueba más de esta afirmación.
Desde hace años se nos viene hablando de la necesidad de construir más y más autovías por nuestro déficit con respecto a los países de nuestro entorno. Y hoy descubrimos que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, tanto en términos absolutos como en relación con el número de habitantes o de vehículos.
También se han venido justificando una y otra vez la necesidad de estas infraestructuras por cuanto que, nos dicen, dinamizan la economía y promueven el empleo. Pero la paradójica realidad es muy diferente: tenemos récord de autovías y récord de desempleo, además de una situación económica nada halagüeña. No parece que las cosas funcionen como nos cuentan.
Ahora, para poder mantener el ritmo anual de inversiones en nuevas autovías (que ha superado con creces los 3.000 millones de euros anuales en los últimos ejercicios), se plantea promover la inversión público-privada. Pero de pronto nos encontramos que un buen número de autopistas “necesarias e imprescindibles” que se construyeron en los últimos años por este mismo sistema no llegan ni por asomo a los niveles de utilización “previstos”. Por ello, las concesionarias piden al Estado –ése que las mismas empresas a menudo piden que se reduzca– que acuda en su ayuda.
Así que en 2010 se han dedicado 250 millones de euros en préstamos participativos para estas empresas, y los presupuestos para 2011 incluyen 135 millones, aunque se prevé que se incremente al menos a 250 millones como ya recoge una enmienda del propio PSOE. Y el Ministro de Fomento acaba de reconocer que esta situación nos costará a todos los españoles 1.400 millones de euros. Lo que causa perplejidad es que las receptoras de estos créditos son las grandes constructoras españolas –y en muchos casos, mundiales; ACS, por ejemplo, es la segunda constructora del mundo en volumen de negocio–, con unos márgenes de beneficios muy abultados.
En definitiva, hemos venido construyendo un sistema de autovías y autopistas sobredimensionado, con un sacrificio económico enorme, pero también ocupando una gran cantidad de superficie de suelos con alto interés agrícola o natural. Un sistema de autovías vacías (como dicen los visitantes europeos expertos en transporte), con una intensidad media de tráfico muy por debajo de los niveles que aconsejan desdoblar una carretera, que también nos exige grandes gastos en mantenimiento. Ahora, con la crisis, simplemente se retrasan algunos proyectos, pero la intención de realizarlos, pese a su irracionalidad económica, social y ambiental, se mantiene.
Según datos de Fomento, el 70% de la inversión pública española va a infraestructuras de transporte. También según este mismo Ministerio, somos el país europeo con más inversión en infraestructuras de transporte en relación al PIB: durante 2009 España invirtió un 1,7% de su PIB, frente al 0,7% de Alemania, el 0,5% de Reino Unido o el 0,25 francés.
Para Ecologistas en Acción no es defendible que seamos el país europeo que más invierte en infraestructuras de transporte y el segundo por la cola en gasto social, y que encima sea aquí donde se aplican los fuertes recortes del gobierno, mientras los recursos públicos siguen sirviendo para construir autovías innecesarias o, ahora, rescatar a las concesionarias.
