La portavoz municipal y presidenta del Partido Popular de Puertollano, María José Ciudad, lamentó ayer haberse enterado sólo a través de Miciudadreal.es de la autorización judicial para la realización de una nueva auditoría en la Fundación Virtus. Ciudad recriminó al equipo de Gobierno, y especialmente a la actual presidenta de la Fundación, Eva Morales, que no se le comunicara la decisión del Juzgado número 4 de Ciudad Real, a pesar de que al grupo municipal popular «nos han hecho patronos de la entidad, sólo con los votos a favor del PSOE».
María José Ciudad se felicitó de que finalmente sean los tribunales los encargados de esclarecer lo acaecido en la fundación puertollanera. «Cuanto antes se haga, mejor, aunque si eso no fuera posible, y si María Dolores de Cospedal asume finalmente la presidencia de Castilla-La Mancha, que no les quepa la menor duda, ni al alcalde Hermoso Murillo, ni al presidente Barreda, ni a la presidenta Morales, de que el Partido Popular llegará hasta el fondo del asunto y descubrirá hasta dónde ha ido a parar hasta el último céntimo de la Fundación Virtus».
La representante popular se preguntó por qué ha sido necesaria la realización de una nueva auditoría, y recordó los «vergonzosos» resultados de las anteriores realizadas en la entidad, que no pudieron llegar a ninguna conclusión sobre las cuentas por falta de documentación. «Es vergonzoso que no se sepa el dinero procedente de los impuestos que todos pagamos, pero que ni siquiera te puedan auditar…».
Con sus declaraciones, María José Ciudad aludía a la información publicada ayer por este digital, en la que se anunciaba que la juez autorizó la realización de una nueva auditoría en Virtus durante el transcurso de la vista celebrada a instancias de Fernando Muñoz Marín para solicitar la declaración de Virtus en concurso necesario de acreedores.
Muñoz reclama, a través de su sociedad Interconsult Servicios Estratégicos, el pago de 260.000 euros por encargos realizados hasta el año 2008. Por su parte, el Ayuntamiento de Puertollano niega su insolvencia y no reconoce los documentos aportados por el demandante. La auditoría, la tercera que se practica en apenas un año, formará parte de las pruebas periciales que esclarezcan si la entidad presentaba un estado de insolvencia en el momento que fue practicada la denuncia.
