A los recortes propuestos en mayo por el Gobierno de España, que pretendían reducir 15.000 millones de euros de gasto (dos minutos de intervención que cambiaron el rumbo de la política del gobierno, al contemplar estas medidas graves recortes en las políticas sociales, pensiones, jubilación, dependencia, ayuda oficial al desarrollo…), se sumó la reforma del mercado laboral. Tal reforma supone un ataque a los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, que no sólo no contribuye a generar empleo sino que hace más fácil y barato el despido, da más poder a los empresarios, debilita los convenios colectivos y facilita una temporalidad abusiva. En definitiva, de lo que hablamos es de un golpe violento al Estado de Bienestar y a los sectores más vulnerables de la ciudadanía.
Nos encontramos ante un contexto en el que los derechos de la ciudadanía pueden aumentar o disminuir al arbitrio de la salud del sistema capitalista. Estamos ante un cambio en el rumbo de la política pública que puede tener como consecuencia un nuevo modelo social donde los derechos de la ciudadanía estén supeditados a los intereses de los mercados y al crecimiento económico.
En lo que respecta a la Ayuda Oficial al Desarrollo, si bien la situación en Castilla- La Mancha es sustancialmente mejor a la que se está viviendo en otras comunidades autónomas, a las que las medidas de recorte han servido de acicate para “cargarse de un plumazo” o reducir significativamente los fondos dedicados a la Cooperación para el Desarrollo.
Por su parte, el Gobierno Español incumple con sus medidas un Pacto de Estado. En concreto, el Pacto de Estado contra la Pobreza suscrito también por todos y cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria, de alcanzar el 0,7% antes de 2012 y el compromiso europeo de destinar el 0’51% de su RNB en 2010 para AOD.
Como ciudadanía no podemos permitirnos dar ni un paso atrás y debemos hacernos oír, porque lo que está en juego son los derechos sociales que conforman nuestra democracia y los de las personas del Sur, que no tienen siquiera la posibilidad de manifestarse. La huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre supone este espacio de revolución social y reivindicación de derechos políticos, económicos y sociales.
Desde Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) creemos que, como movimientos sociales, debemos realizar un ejercicio de unidad y solidaridad entendiendo que por delante de la diferencia debemos situar un denominador común: la ciudadanía. Más allá de nuestros objetivos y ámbitos de trabajo (cooperación al desarrollo, acción sindical, intervención social, movimiento vecinal, etc.) todos representamos a la fuerza social del país y es necesaria una respuesta como sociedad civil organizada.
En ACPP tenemos claro que la renombrada crisis no es sólo económica y que esta huelga general no debe ser entendida exclusivamente como una herramienta del ámbito laboral, sino como una respuesta ante la crisis del modelo social en todas sus dimensiones. Es por ello que, además de secundar esta convocatoria sindical, estamos llamando a la adhesión y movilización del tejido asociativo desde nuestra participación en las diferentes redes y plataformas que aglutinan a la mayoría de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Desde hace unas semanas estamos intentando promover la reflexión y el debate entre el sector, tanto a nivel estatal como local, provincial y autonómico.
En un momento en el que la participación está en tela de juicio, cabe mencionar que hemos sido nosotros, los movimientos sociales, quienes hemos fortalecido a lo largo de muchos años este concepto mediante una clara apuesta por la formación, el voluntariado, el fomento del asociacionismo, etc. Somos actores indispensables para la participación y el ejercicio de la ciudadanía y debemos ocupar ese espacio que nos corresponde para hacer llegar un mensaje claro, único y rotundo: ASÍ NO.
Agustín García Alfaro- Coordinador de Asamblea de Cooperación Por la Paz – Castilla-La Mancha
