Cada vez somos más las personas, colectivos, sindicatos y organizaciones sociales que trabajamos para desenmascarar a los que han provocado la tremenda crisis financiera y económica que sufrimos: los especuladores, banqueros y mercados financieros internacionales y los responsables de instituciones y gobiernos que los apoyaron con las políticas neoliberales. Ante esta crisis, que está provocando en la sociedad española una situación de emergencia social, con más de 4.500.000 personas parados y paradas y miles de pequeñas y medianas empresas cerradas, el Gobierno de Zapatero, con la complacencia e implicación de gobiernos regionales, no sólo no ha puesto coto al descontrol del poder financiero, sino que se han alineado con ellos, los causantes de la crisis económica. Los trabajadores y trabajadoras están explotados en el trabajo, expropiados por los bancos, por el Gobierno en sus derechos y cada vez con menos respuestas con las que contrarrestar su sometimiento.
El Gobierno del PSOE ha tomado un camino marcado por medidas de recortes en los servicios e inversiones públicas, subida de un impuesto lineal e indirecto como es el IVA, propuestas de alargar la edad de jubilación de 65 a 67 años y de 15 a 20 años el periodo mínimo de cotización para su cálculo y un plan de recorte adicional reduciendo radicalmente la inversión pública, afectando a los servicios públicos, a los pensionistas, a las mujeres, a los dependientes y al funcionariado. Y no se va a detener aquí, ya se avanzan medidas de recortes en prestaciones por desempleo y en determinados servicios públicos como la sanidad.
Completa el panorama, la reforma del mercado de trabajo, realizada a espaldas e incluso contra los sindicatos, que supone: el despido más fácil, más rápido y más barato, reducir los derechos laborales, perpetúa la contratación temporal como vía de entrada al mercado de trabajo, da mayor poder a los empresarios, cuestiona la negociación colectiva, facilita la modificación sustancial de las condiciones de los contratos de trabajo, incluidas las pactadas en los convenios colectivos, disminuyendo el control judicial. Facilita a la empresa el descuelgue salarial previsto en los convenios colectivos. Legaliza las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro. Va a permitir sacar dinero de los desempleados y desempleadas y se endurecen innecesariamente las condiciones de acceso a las prestaciones. Se amplia el ámbito de actuación de las empresas de trabajo temporal y se deja en papel mojado la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, ya que las medidas de Igualdad son pura retórica.
Estas medidas que afectan a la sociedad en su conjunto, desmontan el Estado Social y se alinean claramente con las políticas de la derecha, de la patronal, los banqueros, los especuladores y los rentistas, han obligado a los sindicatos de clase, CC.OO y UGT a convocar una Huelga General para el próximo 29 de septiembre. Estoy absolutamente convencido de que esta huelga debe ser y será una respuesta contundente al mayor ataque realizado contra los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras. También lo estoy, de que nada va a volver a ser como antes, los movimientos sindicales de referencia de la clase trabajadora están obligados a afrontar una nueva etapa en clave de lucha y conflicto social.
