Combatir o minimizar al máximo los problemas de obesidad infantil. Éste es el principal objetivo que persigue el Anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria presentado por la portavoz de Sanidad en el Senado, la parlamentaria ciudadrealeña Cristina Maestre.
Una normativa catalogada por Maestre como “fundamental” que surge como consecuencia de los nuevos hábitos alimenticios de la sociedad en la que vivimos y que requería su creación dada la dispersión que existía hasta el momento.
Para ello, la futura Ley de Seguridad Alimentaria contempla adaptar en un único texto común para todo el territorio nacional la responsabilidad relacionada con la salud de los alimentos que consumimos. Y lo hará, como ha destacado la dirigente socialista, apoyándose en dos pilares básicos, como son la propia seguridad alimentaria y la promoción de hábitos saludables.
Respecto al primer punto, Maestre ha hecho hincapié en la rigurosidad que se va a demandar en todo el proceso que va desde la granja hasta que el alimento está en la mesa para consumir, “con una labor primordial de vigilancia, inspección y control”, algo que se llevará a cabo mediante la constitución de una red nacional de laboratorios que incluirá un plan de coordinación común.
En cuanto al apartado de salud, la portavoz de Sanidad en el Senado ha mencionado varias medidas, entre las que destacan la regulación correcta de la alimentación que se suministre en guarderías y centros escolares, con una supervisión exhaustiva por medio de dietistas y nutricionistas.
Como complemento a la iniciativa anterior, Maestre ha recordado la prohibición de la venta de alimentos no saludables en estos centros educativos con el fin último de proteger la salud de los menores, la adaptación de los menús a las diversas particularidad que se puedan presentar o la regulación de la publicidad de los productos alimentarios para que se rijan por el principio de veracidad, un aspecto éste último que contará con la colaboración de la propia industria alimentaria, ya que seguirá un código de autorregulación con información precisa y responsable de todos y cada uno de los componentes con los que está elaborados los alimentos.
Y es que, según ha reseñado Cristina Maestre, este ejercicio de responsabilidad alimentaria “es esencial para la protección de la salud”. No en vano, la senadora del PSOE ha recordado un dato para la reflexión, como es el hecho de que, según recoge la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es la segunda causa de mortalidad evitable tras el tabaco y provoca graves problemas de salud relacionados con la hipertensión, la diabetes o el corazón.
De hecho, Maestre ha mencionado el gran impacto que supone para el Sistema Nacional de Salud la mala salud alimentaria, hasta el punto de reconocer que la atención médica a una persona obesa o con sobrepeso el cuesta a las arcas públicas un 36% más que un ciudadano sin estos problemas, un porcentaje que se traduce a su vez en 2.500 millones de euros al año.
Finalmente, la dirigente socialista ha recordado la colaboración y el consenso que existe de todos los sectores implicados para llevar a buen término la Ley de Seguridad Alimentaria, algo que, casi con total seguridad, será una realidad dentro de seis meses, puesto que esta misma semana se iniciará su trámite parlamentario en el Senado.
