Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron ayer la Ley de Educación de Castilla-La Mancha, una norma que establece las líneas maestras del sistema educativo y asegura los avances de los últimos 10 años de competencias. Según recalcó la consejera de Educación, Ciencia y Cultura, María Ángeles García, ante el Parlamento regional, la Ley sentará las bases de un gran Pacto educativo en la Comunidad. Lamentó que el Grupo Popular “haya dado la espalda a una aspiración y necesidad de toda la comunidad educativa”.
La consejera se felicitó porque la Ley haya visto la luz tras un proceso de dos años de participación “y un rico y fructífero periodo de debate”, en el que la Consejería ha recibido más de 6.000 aportaciones de la comunidad educativa. “El proceso de elaboración de esta Ley ha sido un ejemplo de implicación activa y constructiva”, indicó.
En este sentido, dio las gracias a los miembros de la comunidad educativa, profesores, padres y madres, al Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, a los sindicatos y a todos los colectivos que han trabajado a favor de la Ley durante este periodo.
García lamentó que el Partido Popular haya votado en contra de la Ley “porque una vez más está dando la espalda a una necesidad y aspiración expresada por la comunidad educativa que quiere el consenso y el acuerdo y no la trifulca”. “La descalificación de la educación no daña al Gobierno de turno sino al prestigio de los maestros y profesores. Si prefieren eso, será su responsabilidad”, argumentó.
En su intervención ante el Parlamento regional, la consejera explicó que la Ley de Educación de Castilla-La Mancha desarrolla y complementa lo que establece la LOE, adaptándolo a las características de la región. La norma, dijo, establece las líneas maestras del sistema educativo, asegura los avances de los últimos 10 años de competencias y marca un camino para seguir creciendo en el futuro “y conseguir esa educación de calidad a la que todos aspiramos”.
Entre otros logros, garantiza una financiación no inferior al 6 por ciento del Producto Interior Bruto destinada a políticas educativas, convirtiendo a Castilla-La Mancha en la única y primera Comunidad que adquiere este importante compromiso.
Además, define como derechos logros “irrenunciables” que se han conseguido en los últimos diez años de competencias como la gratuidad de libros de texto, la del transporte escolar en etapas no obligatorias, la generalización de las aulas matinales o el modelo de educación plurilingüe.
La consejera explicó que también se dota de un marco estable a los programas y proyectos que son la seña de identidad del sistema educativo regional como el modelo de orientación, la atención a la diversidad, el fomento de la lectura, los servicios educativos, el modelo de convivencia, la educación en valores, la enseñanza de idiomas, la apuesta por las TIC, los planes de Formación Profesional o la mejora de la Educación Secundaria.
La titular de Educación, Ciencia y Cultura, recalcó que la Ley nace con el objetivo de convertirse en la base de un gran pacto educativo que incluya a todos los agentes sociales “y que nos permita a todos trabajar en un mismo sentido y con la meta común de conseguir un sistema capaz de formar a nuestra juventud para afrontar los retos del presente y del futuro y garantizar nuestro progreso”.
Por ello, insistió, desde el primer momento se ha trabajado para que esta norma fuese fruto del consenso. “Una Ley de todos y para todos”, subrayó, con las opiniones y aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa y de la sociedad castellano-manchega.
Principios rectores
Finalmente, la consejera recordó los principios rectores que guían la Ley: la calidad con equidad; la igualdad y transparencia en los procesos de admisión de alumnos, de forma que se fomente la libre elección de centro; la participación de la comunidad educativa; la autonomía de los centros; el compromiso con una educación en valores democráticos; y el fomento del éxito del alumnado a través del esfuerzo individual.
También prevenir el abandono escolar, universalizando las oportunidades de educación y formación para todos los jóvenes menores de 18 años que no han obtenido una titulación académica ni se han incorporado al mundo laboral; y estimular la innovación y la investigación.
Asimismo, otros apartados de la Ley recogen una definición de derechos y deberes de la comunidad educativa, con el compromiso, por ejemplo, de elaborar un Estatuto del estudiante no universitario; y medidas de apoyo al profesorado, entre las que se encuentran regular los supuestos y alcance de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, o protección y asistencia jurídica.
Además se articula un servicio público de la educación, con obligaciones para los centros públicos y concertados; y se reconocen de los derechos de la escuela concertada y de la escuela rural, con la obligación de abrir aulas en el ámbito rural con un mínimo de cuatro alumnos, entre otras mejoras.
Finalmente, se refirió al desarrollo de factores específicos de calidad como el fomento de las TIC, los idiomas, la lectura o la Formación Profesional e incrementar las tasas de escolarización por encima de los 18 años en enseñanzas postobligatorias no universitarias, facilitando el acceso o el retorno al sistema educativo en cualquier momento de la vida a través de una oferta flexible y abierta.
