PRIMERA PARTE. MICIUDADREAL.ES te ofrece un amplio reportaje con múltiples y variados ejemplos de instituciones públicas que distribuyen las subvenciones y adjudican determinados contratos de forma totalmente arbitraria y con un más que posible interés clientelista, censor o electoral. Hoy comenzamos esta primera parte del reportaje hablando brevemente de la publicidad institucional en los medios de comunicación.
¿Se puede comprar la información? Una persona confiada respondería que claro, que los lectores/espectadores compran información a diario. Sin embargo, si es usted desconfiado seguro que ya sabe a qué nos estamos refiriendo con la pregunta: ¿Se puede comprar la información? Pues en ocasiones parece que no sólo se puede comprar la información, sino que también se puede dirigir la vertiente ideológica de un medio ejerciendo un férreo control sobre lo que se va a publicar. ¿Quién se encarga de comprar estas informaciones? ¿Quién dirige los ideologías? ¿Quién es el vigilante que vigila todo lo que se publica? Muy a pesar, las instituciones públicas.
Hace un par de semanas, el portavoz del PP en la Diputación, José Alberto Martín-Toledano, sacaba a la luz las cantidades que la Diputación reparte anualmente entre los medios de comunicación de la provincia. Esta institución reparte 1.853.000 euros, pero la tarta no es igual para todos: los mejores trozos se los llevan Lanza (392.550 euros), la Cadena SER (218.196 euros) y CRN (192.324 euros). La suma de las cantidades de estos dos últimos es incluso superior a la suma de las cantidades de los otros 16 medios beneficiarios de la publicidad de la Diputación.
Pero, ¿para qué se gasta una institución ese dinero? ¿Realmente necesita una institución publicitarse? ¿A qué criterios responde este reparto? En realidad, parece que a ninguno más allá de la arbitrariedad de la institución en cuestión. El reparto de estas cantidades no es algo público, ni se publicita de forma oficial. De hecho, los medios de comunicación ni siquiera concurren a concurso de méritos alguno, ni a ninguna oposición ni nada similar. Oficialmente, la Diputación no ofrece de forma pública ningún criterio para establecer un reparto que tampoco parece ajustarse a argumentos como la magnitud del medio o su difusión, ya que las asombrosas diferencias de dinero entre unos medios y otros no son proporcionales a las diferencias en los parámetros antes comentados. Para el PP, este reparto no sólo es desigual, sino que, además, no es nada casual, ya que los medios mejor tratados son aquellos vinculados ideológicamente al PSOE. No obstante, no se queda ahí la cosa, ya que tras este asunto también hay asuntos meramente privados en los que empresarios como Domingo Díaz de Mera están al frente de las empresas de comunicación mejor tratadas.
También hay quienes, sin desechar el criterio empresarial, no creen en el criterio ideológico, sino más bien en el clientelista. Y es que de todos es sabido que ningún medio de comunicación –al menos de mediano tamaño- podría sobrevivir económicamente sin las grandes inyecciones de dinero público. Así pues, para muchos la publicidad institucional no es más que una herramienta para que la institución financie a un medio y tenga en sus manos un importante control sobre lo que se publica. Esto se puede ver como un acto de censura, pero en la mayoría de ocasiones deja de ser una acción externa (censura desde fuera) para ser incluso una acción interna (auto censura desde dentro), ya que ningún editor o redactor jefe dispararía piedras sobre su propio tejado, sino que su propio medio establecerá un férreo control (autocensura) sobre lo que publican. Todo ello por miedo a perder la publicidad institucional y que se tambalee el futuro económico del medio. Esta autocensura es posterior a la coloquialmente llamada ‘Ley del Telefonazo’, aquella mediante la cual un representante político (o un jefe de comunicación) llama a un medio para mostrar su disconformidad por los contenidos publicados y amenazar, de forma más o menos sutil, con la retirada de la publicidad institucional si las informaciones no cambian su rumbo. Sirva como ejemplo la denuncia pública que hizo hace pocas semanas la directora de la revista Ecos, Mar G. Illán, que acusaba a Jose Manuel Caballero (Junta) de amenazarla con retirarle la publicidad.
Esta confusión y arbitrariedad no es exclusiva de un partido, ni de una institución. El Ayuntamiento de Ciudad Real y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también se gastan importantísimas cantidades de dinero público en publicidad institucional. Estas dos instituciones tampoco realizan una convocatoria de subvenciones, ni hacen públicos los criterios según los cuales se reparte la tarta.
¿No existe siquiera un referente, un espejo donde mirarse? Desde 2005, a nivel nacional existe la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, pero esta ley no es aplicable a los medios regionales, ni tampoco hay constancia de que ninguna de las tres instituciones de Castilla-La Mancha se rijan por algo parecido. Todo se hace de forma privada, y sin ofrecer a la ciudadanía ningún tipo de dato ni criterios para este reparto de dinero público entre los medios.
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ATENCIÓN: Ésta breve pieza es la primera parte de nuestro reportaje sobre contratos, subvenciones y relaciones clientelistas. Mañana, en la segunda y última parte, os ofrecemos un amplio trabajo en el que repasaremos el reparto de subvenciones en otros ámbitos ajenos a la comunicación y a los dudosos criterios con que estas subvenciones se reparten. También pondremos ejemplos concretos de reparto arbitrario de dinero público en Ciudad Real. ¿Qué pasa cuando un político pretende ser juez y parte en e reparto de subvenciones convenios o favores amistosos? Mañana en MICIUDADREAL.ES.
