El hecho de que un Gobierno democrático disponga de una bomba atómica no quiere decir que vaya a hacer uso de ella. Todos entendemos que el anuncio es disuasorio y va destinado a aquellos que estuvieran tentados de atacar las estructuras de ese Estado democrático.
El anuncio por parte del Comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, justamente el día 30 de junio, como amargo colofón de la Presidencia española, de que la Comisión Europea podría suspender las ayudas agrícolas, regionales y de cohesión a los países con un déficit excesivo, podría considerarse como que Europa dispone de una “bomba atómica” que no desea utilizar, pero que disuada a los “outsiders” y les lleve por el “recto camino marcado en el Pacto por la Estabilidad y el Progreso”.
El propio comisario finlandés tranquiliza a Gobiernos y ciudadanos asegurando que los mecanismos de vigilancia, detección, alerta, corrección y asistencia se aplicarán para evitar llegar a estos extremos y que en ningún caso serían de aplicación inmediata, sino que los Estados dispondrán de tiempo suficiente para volver al Pacto.
En cuanto a los efectos de tales medidas en los agricultores y ganaderos, la Comisión recuerda que ellos siguen siendo “elegibles” a las ayudas, que los Estados Miembros sancionados deberían hacer efectivas aunque con cargo a sus propios recursos y no a los Fondos Europeos, como viene siendo la norma general.
Dicho esto, y una vez superada la posible alerta que este anuncio pudiera haber generado, es necesario hacer una lectura detenida de la noticia.
En primer lugar, la inclusión de los pagos agrícolas dentro de las posibles medidas sancionadoras vuelve a poner la PAC en el disparadero, justo en un momento en el que comienzan los debates sobre su futuro más allá de 2013 y las presiones sobre el presupuesto agrícola son cada vez más fuertes por parte de determinados países.
No es la primera vez que fondos agrícolas se han utilizado para financiar programas extraordinarios de solidaridad europea ante crisis alimentarias, o para proyectos europeos de navegación vía satélite cuyo interés excede el meramente agrícola. Pero debemos recordar que la PAC, en todo su conjunto, no representa en gasto ni el 0’5% del PIB de los países de la UE, y que no se puede hacer más con menos dinero.
Por otra parte, debemos preguntarnos si esta decisión es consecuencia de una lectura menos optimista que la hecha por la Presidencia Española del “célebre” párrafo 5 de las Conclusiones del Consejo Europeo del 17 de junio, que afirma que “Todas las políticas comunes, incluidas la política agrícola común y la política de cohesión habrán de apoyar la Estrategia 2020”.
Una eventual sanción de este tipo, a pesar de que la Comisión asegura que no afectará a los beneficiarios finales, en especial a los agricultores y ganaderos, no dejará de crear incertidumbre en el sector.
La primera duda que surge es si este país sancionado por haber excedido desmesuradamente su déficit será capaz de afrontar el compromiso de hacer efectivos los pagos agrícolas con sus propios fondos, de donde los obtendrá y que mecanismos se impondrán para que esta obligación de pago sea efectiva en tiempo y forma y que el agricultor no sea uno más en la lista de acreedores.
Para que se entienda mejor. El productor agrario ya se ve inmerso en muchos problemas para hacer viable su explotación como para verse metido en medio de una disputa entre el Estado Miembro y la Comisión Europea, disputa en la que el agricultor y ganadero no tiene absolutamente nada que ver.
Uno de los principios fundamentales de la PAC es el de la “solidaridad financiera” que se vería seriamente quebrado si una medida de este tipo llegara a adoptarse, al constituir una “renacionalización” de la PAC por la vía sancionadora.
Para poder hacer frente a este nuevo compromiso, el Estado sancionado debería incrementar aun más su déficit, con lo que entraría en una espiral peligrosísima, máxime si ese Estado es España, receptor neto de Fondos Agrícolas.
Para evitar o mitigar esta espiral, el Estado sancionado deberá obtener recursos de otras partidas presupuestarias, estas financiadas tradicionalmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado con fondos nacionales, al no tener una política Común, como la PAC. Por tanto, fondos que deberían destinarse a Sanidad, Educación, Investigación, Dependencia, entre otros, podrían quedar en entredicho, con lo que el enfrentamiento entre los distintos sectores de la economía y de la sociedad sería patente, sin que ninguno de ellos tenga la más mínima responsabilidad.
Por ultimo, el recurso a modulaciones, peajes, recortes adicionales, trasvases de un “pilar” a otro, mayores cargas impositivas, reducción de prestaciones, cofinanciaciones imposibles de ejecutar, podrían implicar una disminución en los ingresos de los agricultores, ya de por si muy mermados por las continuas crisis de precios, y que sitúan la renta del sector agrario en la mitad de media del resto de los sectores económicos.
En definitiva, y a pesar de que se pueda tratar de una mera “llamada de atención”, este mensaje del Comisario Rehn no debe dejarnos indiferentes.
Y es que el anuncio de que un país o un Club de países ha decidido dotarse de una “bomba atómica”, aunque sea de efectos disuasorios, no es nunca una buena noticia. Si, encima, el anuncio lo hace un Directivo del Club del que formamos parte, el anuncio debe ser tomado muy en serio. Y si, además, lo hace mirándonos directamente a los ojos, creo que es para preocuparse.
