El Observatorio del Fraude de Ciudad Real, del que forman parte la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria, se ha reunido con los agentes sociales y económicos de la provincia para pedirles su colaboración activa en la lucha contra el fraude fiscal, laboral y de seguridad social, sobre todo, en aquellos sectores con mayor riesgo defraudatorio.
En la reunión estuvieron presentes la directora provincial de la TGSS, Paula Mellado; el jefe provincial de la Inspección de Trabajo, Ángel Trujillo; el secretario provincial de CC OO, Felipe Pérez; el secretario provincial de ASAJA, Florencio Rodríguez, y representantes del sindicato UGT y de CEOE-Cepyme.
Según ha puesto de manifiesto Paula Mellado, la colaboración activa de los agentes sociales es fundamental para poder actuar de forma más eficaz y conseguir así más y mejores resultados, sobre todo, teniendo en cuenta su conocimiento de la composición y comportamiento del tejido económico y productivo de la provincia de Ciudad Real. Es por ello que, en el transcurso de este encuentro, se les animó a que formularan propuestas y medidas preventivas, tanto de nuevas actuaciones como de mejora de las que ya se están llevando a cabo y de los fines perseguidos.
El Observatorio del Fraude forma parte del Plan de Prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y de seguridad social aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de marzo para luchar contra la economía irregular y el trabajo no declarado, que incluye 60 medidas orientadas a la prevención, a coordinar la captación de información, a mejorar la eficacia del control sobre el fraude y a cooperar en las acciones de recaudación. Su objetivo es dar respuesta a los cambios en la tipología del fraude a consecuencia de la crisis económica.
Este plan, según destacaba, por su parte, Ángel Trujillo, jefe provincial de la Inspección de Trabajo, está permitiendo la utilización compartida de la información disponible de los tres organismos a través de bases de datos conjuntas para incrementar la eficacia de la explotación de dicha información.
Con este Plan, el Gobierno espera incrementar, en el período 2010-2013, en una cantidad equivalente al 0,1 por 100 del PIB, los ingresos derivados de la lucha contra el fraude.
