Se suspendió el funeral en las Cortes regionales. Contra todo pronóstico. Barreda ha optado prudentemente por escuchar las propuestas del Partido Popular antes de tejer la que podría pasar a la historia regional como la mortaja pública más cara jamás destinada a una empresa privada. O lo que es lo mismo: la aprobación de un aval de 140 millones de euros para el faraónico Aeropuerto de Ciudad Real.
Parece que al PSOE le reconcome la duda sobre la conveniencia de tamaña decisión en tiempos de podas presupuestarias y recortes sociales. Una época que exige coherencia en las resoluciones y, sobre todo, la alteración del orden de prioridades en el reparto de los cuartos. Sencillamente, arriesgar 23.000 millones de pesetas en semejante operación bancaria sería equiparable a cubrir de oro el ataúd del gran faraón mientras el pueblo hambriento clama por el trigo del valle sagrado.
El Aeropuerto de Ciudad Real es hoy, y mientras las carambolas del destino no lo remedien, una momia rediviva que se arrastra con el sonido rasposo de vendajes milenarios. El Hijo de Ra que contempla a la eternidad con la falsa sonrisa dorada de su máscara funeraria bajo una pirámide de cristal y hormigón. La reencarnación de Osiris, acompañada en su descanso eterno por los despojos fiscales de los contribuyentes, por las vísceras corruptas de Caja Castilla La Mancha y, si no se remedia antes, por el tesoro de Palacio, que a buen seguro serviría a la divinidad imperial para gozar del Reino Celeste de los créditos sin riesgo.
Ahora, Barreda opta inteligentemente por la vacilación, quizá consciente de que la firma de un aval tan desmesurado constituiría un brindis a la temeridad y una incongruencia consagrada al despilfarro. Escuchará, antes, las propuestas del Partido Popular, que propone al reconocimiento oficial del hecho consumado (la naturaleza pública de la infraestructura, dada su dependencia de la Administración) mediante la expropiación de acciones o una ampliación de capital con el Gobierno regional como accionista mayoritario. Así, tras la suspensión de la votación de esta mañana, el presidente del Ejecutivo castellano-manchego se apunta dos tantos: el del prudente que escucha antes de decidir y, en caso de acuerdo con la oposición, el de quien enreda a su enemigo en su misma madeja, de cara al difícil periodo preelectoral.
No debiera ser vituperable pensar en la desmesura que es arriesgar 140 millones de euros en una empresa de mediano tamaño (sus empleados directos, la mayoría contratados a media jornada, probablemente no lleguen a las 70 personas), y cuyos responsables han demostrado su incapacidad para gestionar el proyecto con solvencia, sin aportar garantías tangibles de viabilidad a corto plazo.
Quizá Barreda y su equipo de Gobierno sepan que, de perpetrar el aval, incurrirían en una prevaricación sui generis y en una contradicción clamorosa. La primera, la de quien respalda ante la banca privada, con dinero público, un proyecto amenazado visiblemente por la debacle de la quiebra. La segunda, la de jugarse en la ruleta rusa aeroportuaria 140 millones de euros, mientras se presume de ahorrar 110 millones en virtud de recortes en la administración pública regional.
De lo que no cabe duda es de que la Gran Pirámide necesita urgentemente un nuevo arquitecto. Y que éste prescinda, por favor, de protegerla con más laberintos.
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