No cabe duda de que ha sido el cambio de postura del Partido Popular, lo que ha servido de coartada para que el PSOE retire la reforma del Estatuto de Castilla La Mancha, ya que sería muy difícil que los diputados socialistas de Valencia y Murcia votaran algo que sirviera de arma electoral a Camps y Valcárcel, y para evitar la división interna del PSOE nacional, se ha preferido sacrificar a nuestra región.
No es el agua un asunto menor, pero con la legislación actual, es una competencia exclusiva del Estado y por tanto nada pintaba referencia alguna en el texto, salvo como figura retórica o licencia literaria. Estamos de acuerdo en que en los órganos de gestión hídrica tengan voz las Comunidades Autónomas, ya que al menos se evitarían demagógicas y electoralistas guerras del agua y enfrentamientos entre vecinos condenados a entenderse por el uso de un bien escaso, como el agua, que debe estar al servicio del interés general del país.
Para defender el derecho de Castilla La Mancha al agua, a su uso social y sostenible, y en la que pueda tener voz y voto en los órganos de gestión del agua, solo cabe una modificación de la actual Ley, para lo cual el Gobierno de Castilla La Mancha, partidos e instituciones tienen la capacidad de instar al Gobierno Central a que acometa estas modificaciones y se selle para siempre este problema, no solo para Castilla La Mancha, sino para el resto de España.
A tenor de lo manifestado por Barreda en el pleno del lunes, si tan interesado y entusiasmado está por este asunto, desde Izquierda Unida en Castilla La Mancha le animamos a que promueva esta reforma legal, que use su responsabilidad en la ejecutiva federal del PSOE para propiciar este acuerdo entre autonomías, porque solo así se podrá avanzar en cohesión social y territorial.
El Estatuto de Castilla La Mancha no se puede sacrificar por un asunto, que siendo vital, no forma parte de las competencias transferidas, impidiendo con la retirada de esta reforma el resolver otros asuntos de gran interés para los ciudadanos, como los derechos sociales; ley de dependencia, renta básica, acceso a la vivienda, o la necesaria e inaplazable reforma de la Ley Electoral, que propicie un impulso democrático en la región.
Desde luego el cambio de postura del PP sí se puede tomar como traición, pero esto forma parte de la tradición de la derecha española que trata de evitar, de una manera tramposa, aquellas reformas legales e institucionales acordes con la voluntad mayoritariamente progresista del Parlamento Nacional, provocando incluso importantes daños a la credibilidad de poderes del Estado, como el bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional.
Esta “acción de oro” de bloqueo político e institucional que tiene el PP, es un regalo, una prebenda que el PSOE se niega a revisar, aunque se pongan en peligro importantes avances democráticos y sociales. Que no vengan luego a reclamar el voto útil, pues es esa tibieza, esa insuficiencia política, la que impide la consolidación de importantes conquistas sociales.
Barreda ha demostrado que prefiere poner por delante sus intereses electorales, que continuar con una reforma que contemplaba muchos mas asuntos que el agua. Si al final tendremos que seguir peleando contra los trasvases injustificados, ¿porqué no continuar discutiendo una reforma que ya cuenta con el visto bueno de la comisión del Congreso?, ¿porque no continuar con la negociación, mientras instamos a ese nuevo acuerdo nacional sobre el agua que sirva a los intereses generales?
La sociedad de Castilla La Mancha se está empezando a acostumbrar al fracaso, al fiasco social, económico, político y democrático. Sin Caja de Ahorros, sin Estatuto, sin agua, sin reforma de la Ley Electoral, superando los 200.000 parados, y con un Presidente instalado en el autobombo, como único remedio para salir de una crisis que lo tiene superado.
