Castilla-La Mancha ha ganado la batalla del agua, así se encabezaba un informe de la revista oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha publicado en el mes de abril de 2005. Se refería al resultado del, por entonces, llamado “acuerdo histórico” entre la Junta de Comunidades y el Ministerio de Medio Ambiente, por el cual “se venían a satisfacer las reivindicaciones y necesidades de la región en materia de agua”, según declaraciones recogidas entonces.
El antecedente inmediato a este acuerdo fue la derogación del Plan Hidrológico del Partido Popular que recogía el Trasvase del Ebro y que había contado con el pintoresco apoyo de los dirigentes regionales del PSOE, fue el único caso en todo el Estado.
Dos meses después del acuerdo se aprobó un nuevo Plan Hidrológico Nacional donde se derogaba el trasvase del Ebro y se mantenía intacto el Tajo-Segura, ratificando, con el apoyo de los Diputados de Castilla-La Mancha y la complacencia de su gobierno, las normas que rigen su funcionamiento.
Por entonces, existía una férrea oposición a la construcción de la tubería entre los pantanos Talave y Cenajo, es decir dotar a Murcia de un gran depósito de agua del trasvase Tajo-Segura que llega al Talave. Hoy la obra esta terminada y en funcionamiento.
Tras la aprobación del nuevo Plan Hidrológico aparece la caducidad del trasvase para el año 2015. Yo me preguntaba, ¿si se quiere cerrar el trasvase por qué se realizan obras millonarias para la prolongación del mismo?.
Esa fecha de caducidad se incluyó en el texto articulado del acuerdo entre PP y PSOE para el nuevo Estatuto. Lo más surrealista de este acuerdo fue que el PP se mostrara en contra de un trasvase. Tras llamamiento al levantamiento regional y manifestaciones contra el trasvase y por la fecha de caducidad, esta referencia desparece del Estatuto. Se comenzó a trasladar y a asumir con una facilidad pasmosa que esa caducidad resultaba prescindible ¡¡¡con la que nos ha caído durante años con la caducidad!!!. En los últimos meses se han ido madurando fórmulas para ocupar el vacío ocasionado, se habló de recoger una reserva en cabecera y no trasvasable de 600 hm3, después de una reserva estratégica como parte del texto articulado de 6000 hm3 y por último, el PSOE lleva al preámbulo una estimación de necesidades consistente en una reserva de 4000 hm3 y el PP habla de necesidades eliminando la reserva, ¿y no se ponen de acuerdo por esto?. Diga lo que diga un preámbulo sobre una reserva de agua sabemos que ni compromete, ni obliga, ni vincula, ni tiene efectos prácticos en la legislación sobre el agua. Es legitimo que el Estatuto defienda y refleje las aspiraciones de los ciudadanos, pero no dependiendo de las urgencias políticas partidistas y circunstanciales, ni aquí como está ocurriendo, ni mucho menos en Murcia o Valencia cuyos presidentes están teniendo un comportamiento demagógico, populista e impresentable.
Este panorama cambiante tiene un trasfondo político descarado, el agua como herramienta política y una realidad que no se afronta, la profunda crisis que estamos sufriendo, los más de 204.000 parados y la mediocre realidad institucional de una región que camina sin rumbo y en la que cada día se hace más necesaria una reforma en profundidad del sistema bipartidista dañino que estamos sufriendo y que coarta, excluye y degenera nuestra democracia.
El agua es el pilar de nuestra vida, es una necesidad vital de nuestros pueblos, pero no podemos dejar que sea una necesidad política, no podemos permitir que sea una obsesión electoralista, no podemos permitir que sea el medio reiterativo de forjar personalidades políticas a toda costa, por encima de las necesidades reales de las gentes y los pueblos.
