UPyD tacha de «cortina de humo» las medidas para evitar el abandono escolar

Como ha denunciado Rosa Díez en el Congreso de los Diputados tras la reunión para el Pacto de la Educación, las medidas acordadas en esta materia por los dos partidos mayoritarios se muestran claramente ineficientes y demuestran el escaso interés del PSOE y el PP por iniciar cambios sustanciales para solucionar la crisis educativa que vivimos.  

En este contexto debemos encuadrar las 95 medidas que la Consejera de Educación de Castilla La Mancha,  Mª Ángeles García,  ha anunciado en los medios y que no suponen otra cosa que más paños calientes ante el grave problema del abandono escolar

El análisis detallado que el Consejo Territorial de UPyD de Castilla La Mancha ha  realizado de estas 95 medidas denota claramente que no es sino una capa de maquillaje para salir del paso ante los graves problemas que sufre la Educación en nuestra Comunidad, y una cortina de humo para ocultar la ineficacia e impotencia  del Gobierno de nuestra Región ante una realidad tan grave como es el abandono del sistema educativo sin alcanzar titulación alguna del 27% de las mujeres y del 42% de los varones.

De dicho análisis se desprende que 56 de estas medidas son  actuaciones que la Consejería de Educación ya tenía  planificadas anteriormente y que obligatoriamente debía desarrollar, por lo que no suponen nada novedoso sino que, por el contrario, nos pueden hacer pensar que no se están llevando a cabo, lo que supone ineficacia en la gestión educativa.  Por otro lado, de las numerosas medidas publicitadas, un total de 11 no están definidas y tienen un difícil desarrollo y otras 10 son claramente ineficaces o carentes de sentido.

Tan solo encontramos 18 medidas que suponen novedades de actuación y que podrían ser beneficiosas (el 19%) pero, de ellas, tres se desarrollan en la Educación Infantil y otras cinco en programas de Empleo, contextos ambos que quedan bastante alejados de la Educación Secundaria Obligatoria, centro del problema y sobre el que apenas se actúa. El resto de estas medidas positivas se centran en el impulso de la formación a distancia o teleformación, la realización de pruebas libres para acceder a títulos de FP y Bachillerato,  la mejora de la formación del profesorado, y poco más.

Por otra parte, debemos resaltar que estas medidas resultan difícilmente desarrollables sin un presupuesto que las acompañe y del que no se menciona nada en el texto de la Consejería de Educación, presupuesto que según nuestro análisis sería preciso para, al menos, un total de 25 medidas. Esto es una gran dificultad añadida en un momento de crisis y recortes como se ha hecho evidente en la disminución de plantillas y en la oferta de empleo público.

Ante esa situación de indefinición, ante esta cortina de humo que oculta la impotencia y la ineficacia, Unión Progreso y Democracia ha concretado suficientemente la postura a tomar ante el problema de la Educación en España, problema global que no se cura aplicando medidas de compromiso diferentes en cada una de las 17 Comunidades Autónomas, sino creando una única legislación educativa para todos los españoles por igual, acabando en consecuencia con las desigualdades, y derogando la actual Ley de Educación, heredera de la denostada LOGSE.

UPyD considera que  debe elaborarse con el consenso de todas las fuerzas políticas una nueva Ley en materia educativa  en la que se refuerce la autoridad del profesor; se promueva y oferte suficientemente la Formación Profesional y se haga accesible desde edades más tempranas; se consolide un Bachillerato sólido, riguroso y más largo que el actual; se cimiente un contacto real entre el mundo educativo y empresarial; se facilite la titulación sin detrimento del esfuerzo, y se flexibilice el acceso a estudios superiores.

Esta nueva Ley no debe partir, como siempre se ha hecho en España, de la implantación de teorías que promueven y dirigen  personas ajenas a la praxis educativa, sino del reconocimiento de los profesores de Primaria y Secundaria como los verdaderos expertos en materia educativa y no, como hasta ahora, como meros ejecutores de reformas que se les dictan desde otros ámbitos o, incluso, como los culpables de los fracasos de éstas.

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