Las propuestas sobre la reforma de las pensiones, aprobadas por el Consejo de Ministros a finales de enero, amplían hasta los 67 años la vida laboral de los trabajadores, además de contemplar otras medidas que repercutirán en una reducción de la pensión. Son propuestas improvisadas que carecen de validez y que generan alarma social en el colectivo de los trabajadores, que deben enfrentarse a una de las peores crisis de las últimas décadas.
Cualquier reforma sobre las pensiones tiene que ser consensuada dentro del Pacto de Toledo con la aprobación de los diferentes grupos parlamentarios, debiendo tener éstos en cuenta las características particulares de cada uno de los colectivos de empleados. No es lo mismo trabajar en una oficina que en un andamio o en un centro sanitario, donde se imponen una serie de elementos que afectan a las personas a lo largo de una carrera profesional. Los profesionales de enfermería, según se reitera en los estudios independientes que se han realizado, llegan al final de su vida laboral en unas condiciones físicas agotadoras. Una vez más, el Sindicato de Enfermería insiste en que el Ejecutivo ha incumplido reiteradamente sus compromisos con la Enfermería no
regulando la jubilación voluntaria, anticipada y parcial de estos profesionales recogida en la Ley de Estatuto Marco y el Estatuto Básico del Empleado Público. Por ello, en esta reforma se tienen que aprobar medidas para que la enfermería cuente con un sistema individualizado que permita anticipar el acceso a la jubilación para el colectivo enfermero, dando respuestas a las peculiaridades de la profesión.
Esta propuesta de jubilación para los profesionales de enfermería, su itinerario laboral, tendría en cuenta la edad del profesional, los años de servicio prestados y el tiempo acumulado realizando turnos rotarios, noches y guardias. Es razonable que las enfermeras y enfermeros disfruten de unas pensiones que tengan en cuenta la singularidad de su trabajo y profesión.