A los tipos existentes en la actualidad, se sumarán la microempresa cooperativa, para cuya creación sólo harán falta dos socios, y las cooperativas rurales, que además de las acciones propias de una cooperativa agraria funcionarán como agentes dinamizadores.Así, explicó que esta modificación de la Ley de Cooperativas, que supondrá también su adaptación a la normativa europea, es moderna, flexible y reconoce más derechos tanto a las cooperativas como a sus socios, a fin de hacerlas más competitivas.
De esta manera, se dotará a las cooperativas de una mayor autorregulación, lo que significará que tengan más libertad a la hora de tomar decisiones y puedan gestionar mejor sus recursos para poder llevar a cabo sus iniciativas y fortalecer así un sector, que agrupa a 1.500 cooperativas con 12.000 personas que viven y trabajan en este ámbito.
En cuanto a los nuevos tipos de cooperativas, la portavoz del Ejecutivo señaló que se trata de potenciar la puesta en marcha de empresas cooperativas como vehículos generadores de riqueza y de creación de empleo.
Respecto a la microempresa cooperativa, explicó que es una figura orientada a las cooperativas de trabajo asociado y a las dedicadas a la explotación comunitaria de la tierra, que supone que puedan crearse a partir de dos socios, con un máximo de diez, cuando hasta ahora era necesario un mínimo de tres cooperativistas.
Isabel Rodríguez, destacó que este nuevo tipo de cooperativas será especialmente útil en el entorno rural, en las cooperativas que quieran poner en marcha mujeres y especialmente orientado hacia las cooperativas que vayan a prestar servicios en el ámbito de la atención a la dependencia.
Las cooperativas rurales podrán desarrollar las actividades que hasta ahora venían desarrollando las cooperativas agrarias, pero potenciando en ellas el carácter de agente dinamizador, desarrollando otras actividades como la explotación de energías renovables, turismo rural o acciones medioambientales.
El nuevo texto normativo también refuerza los derechos de los socios y de las propias cooperativas, permitiendo que puedan competir en igualdad de condiciones que el resto de empresas, en definitiva que sean competitivas frente a otro tipo de empresas.
La portavoz del Gobierno regional subrayó que “se trata de una Ley que apuesta por la voluntad y la decisión de los socios, les dota de mayor poder de decisión y sobre todo, de más y mayor acceso a la información sobre la situación y la gestión de la cooperativa”.
En este sentido, destacó el impulso que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere dar al sector, tras el que ya le dio en septiembre pasado con la aprobación también del Decreto de Empresas de Economía Social que regulaba un amplio abanico de ayudas.
Isabel Rodríguez concluyó recordando que el Gobierno regional está cumpliendo el compromiso adquirido por el presidente Barreda en el debate sobre el estado de la región y también los principios del Pacto por Castilla-La Mancha firmado con los agentes sociales.
Tras su toma en consideración, el anteproyecto de Ley pasa al Consejo Consultivo y al Consejo Económico y Social para que formulen las alegaciones que estimen oportunas antes de ser devuelto al Consejo de Gobierno para que una vez aprobada como Proyecto de Ley pase a las Cortes para su tramitación, donde Isabel Rodríguez confía en obtener un apoyo unánime ya que se trata de una “ley de todos y para todos” que beneficiará a la región y a los cooperativistas.
