Nosotros, quienes tenemos una responsabilidad en la gestión de lo educativo, pasamos así a tener un papel determinante en el complejo proceso de garantizar para el día de mañana la estabilidad de nuestra sociedad.
La propuesta de acuerdo del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, no es fortuita ni ha sido emprendida a la ligera, sino con mesura y rigor; y desde Castilla-La Mancha la aplaudimos. Denota, por tanto, una enorme falta de responsabilidad vincular esta propuesta de pacto- como se ha hecho- con el fracaso del modelo educativo preexistente.
Este pacto quiere funcionar como una garantía de estabilidad. En Castilla-La Mancha llevamos mucho tiempo trabajando en la línea de muchas de las propuestas que ahora se han planteado desde el Ministerio, lo cual es, en mi opinión, una prueba fehaciente de que aquí sabemos hacia dónde debe ir el rumbo de la educación del futuro.
Nuestro sistema educativo debe ser un sistema moderno, donde el aprendizaje de lenguas extranjeras y la presencia de las nuevas tecnologías se vean reforzados, donde se luche contra el abandono escolar, se revalorice la figura del profesor, se potencie una visión positiva de la convivencia al tiempo que se educa en los valores democráticos, y se imbrique la FP con una demanda laboral existente y real. Así lo hemos entendido en nuestra Comunidad Autónoma.
La concreción de estos mismos objetivos en el documento de debate implica al mismo tiempo un espaldarazo a nuestras propias iniciativas. Nosotros estamos trabajando ya sobre todos ellos, y la futura Ley de Educación de Castilla-La Mancha lo va a reflejar como instancias de un análisis participativo y común, basado en las pautas del consenso.
Nuestro presidente, José María Barreda, que conoce desde dentro los entresijos del mundo educativo, está dando impulso a ese pacto de donde no quiere excluirse a nadie y donde todos tenemos el derecho y la obligación de participar. La Ley de Educación de Castilla-La Mancha nace para ser la Ley de todos y todas porque quiere ser una consecuencia directa de la alianza social que nuestro presidente propugna para la región.
La decisión de responder al interés común y al inapelable derecho a una educación de calidad ha sido tomada ya en la dirección correcta. Y esto no sería posible sin la convicción, expresada reiteradamente desde los gobiernos español y castellano-manchego, de que el consenso y el acuerdo son fundamentales para ello, y responden además a una exigencia social.
La opinión general nace de voluntades e ideologías diversas que no pretenden imponerse unas a otras, tal y como demuestra nuestra Carta Magna. Pactar no es ceder, sino realizar aproximaciones que serán garantía de progreso y prosperidad para todos nosotros.
