
La televisión pública de Castilla-La Mancha se olvida de hechos y acontecimientos de suma importancia y de especial relevancia informativa. Curiosamente coinciden con los trazos de la actualidad que desdibujan el ya imperceptible boceto democrático del leviatán público castellano-manchego. Los servicios informativos de los medios de comunicación públicos deben servir a los ciudadanos y no a los intereses de un partido político, por muchos años que éste lleve en el Gobierno. La Constitución Española de 1978 reconoce y protege, en su artículo 20, el derecho que tienen los ciuadadanos a recibir información veraz.