La televisión pública de Castilla-La Mancha se olvida de hechos y acontecimientos de suma importancia y de especial relevancia informativa. Curiosamente coinciden con los trazos de la actualidad que desdibujan el ya imperceptible boceto democrático del leviatán público castellano-manchego. Los servicios informativos de los medios de comunicación públicos deben servir a los ciudadanos y no a los intereses de un partido político, por muchos años que éste lleve en el Gobierno. La Constitución Española de 1978 reconoce y protege, en su artículo 20, el derecho que tienen los ciuadadanos a recibir información veraz.
Abramos el «candau» contra el derecho a la información en la televisión pública de Castilla-La Mancha
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