Se proyecta una reforma seria y necesaria; de hecho, es un ejercicio de responsabilidad política y social. Y una medida profundamente progresista, característica principal del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero. El propósito que persigue no es otro que garantizar el sistema público de pensiones para las personas que se jubilen a partir de la próxima década y las siguientes. No se varía la estructura del sistema, simplemente se introducen modificaciones para asegurar su solidez.
El actual sistema goza de una salud de hierro con un superávit en 2009 superior a los 8.000 millones de euros – pese a ser un año marcado por la crisis económica – y con 62.000 millones de euros en el fondo se reserva, y así debe seguir, igual de saludable en el futuro.
Nadie ha hecho más por los pensionistas que los gobiernos socialistas. Recordar que la pensión media de jubilación estaba en 550 euros en el año 2.003 y ha pasado a 762 euros en 2.009 o el compromiso de revalorización efectuado sobre las pensiones mínimas.
Hay que recordar precisamente ahora que fue otra administración socialista, la de Felipe González, quien propuso una reflexión sobre el futuro de las pensiones y fruto de aquella iniciativa nació, aquí el Pactote Toledo y que ha presidido el consenso en la toma de todas las decisiones que, en materia de pensiones, se han tomado hasta ahora.
La pregunta es. ¿Por qué ahora? Yo digo, por seriedad. Si se aborda la cuestión con seriedad hay que analizar dónde estamos y cuáles son las perspectivas de población para las próximas décadas. Hoy, por cada pensionista – más de 8 millones de personas (338.816 en Castilla La Mancha) – hay 2,59 cotizantes a la Seguridad Social. Las previsiones de la Comisión Europea para España establecen que en 2050 por cada pensionista habrá 1,33 cotizantes, es decir prácticamente la mitad. Las proyecciones demográficas son concluyentes para nuestro país.
En 2049 la población mayor de 64 años se habrá duplicado respecto a la actual, siendo el 32% del total – alrededor de 16 millones -; será el grupo de edad que experimentará el mayor crecimiento. Eso es así por razones de natalidad y, sobre todo, por el progresivo aumento de la expectativa de vida.
España, tras Japón, es el país del mundo con una mayor longevidad de sus habitantes. En España la esperanza de vida a los 65 años que está situada hoy en 19 años se incrementará hasta los 22 en el año 2.030. La población entre los 16 y los 64 disminuirá en casi 6 millones de personas. Por cada 10 personas en edad de trabajar habrá 9 menores de 18 o mayores de 65 años. La esperanza de vida rondará los 95 años. El sistema de protección social será insostenible, si no se toman medidas. Las evidencias de esta ecuación hacen que se deban abordar medidas para que, sencillamente, el sistema público de pensiones no se colapse.
En consecuencia, hay que ponerse a trabajar. Es lo que ha hecho el Gobierno y el propio Zapatero al impulsar su propuesta basada en un escenario real. Hay que reiterarlo, es un ejercicio de responsabilidad política, pese a los riesgos de impopularidad que, a bote pronto y sin la reflexión que merece, pueda suponer. ¿Acaso debería, como dijo el propio Zapatero a sus compañeros en la reciente reunión del comité federal del PSOE, dejar ese asunto al presidente del Gobierno que ejerza en el año 2020 y desentenderse en estos momentos?.
A partir de estos momentos corresponde a la Comisión del Pacto de Toledo y a los Grupos Parlamentarios formular sus propuestas y alcanzar el consenso. Habrá que comprobar qué responsabilidad muestran otros. El Grupo Socialista asume plenamente la propuesta del Gobierno y estamos seguros que los trabajadores de este país demostrarán una vez mas su solidaridad con los mayores, aceptando trabajar dos años mas a cambio de asegurar las pensiones de los próximos 30 años.
