Con todos estos derechos reconocidos y las leyes franquistas abolidas, se sienta en el banquillo a un juez, de la talla del Sr. Garzón, por el “delito” de investigar los crímenes del franquismo, injusticias cometidas durante esa vergonzante etapa de la reciente historia española, entendiendo que es una necesidad urgente el reparar de una vez a las victimas del franquismo. Eso nos haría entender que gozamos de un país democrático, que se juzgue los crímenes del franquismo y se reconozcan sus culpables.
Con estas actuaciones por parte nuestro poder judicial hemos de reconocer que lo hemos hecho “francamente” mal; que algo está fallando en el intento de modernizar, de desarrollar una sociedad avanzada, justa e igualitaria. Se nos hace tarde. Creíamos que la era franquista había terminado o, al menos, estaba en vías de extinción, pero vemos que no es así, que se mantiene y con que fuerza, ya que ocupan puestos en órganos decisorios de este país. Unos órganos y un país que ellos no hubieran querido. Ante esta triste situación debemos decir que basta de ocultar los crímenes cometidos por la dictadura contra inocentes, basta de faltar reiteradamente a los principios democráticos, a la libertad y a la justicia.
El CGPJ y sus artimañas
¿Por qué hay tanto interés por determinados altos cargos de la judicatura española, miembros del Consejo General del Poder Judicial en que no se esclarezcan los actos de terrorismo de estado de la época franquista? Este órgano representa al poder judicial de un estado Democrático y de Derecho.
Ha pasado el 31 aniversario de una Constitución que en sus principios generales hace una alegoría a los derechos de los individuos tales como libertad, igualdad, justicia, participación en la vida social y cultural, pluralismo político, estado aconfesional, de respeto y solidaridad, etc. Una disposición derogatoria daba fin a las leyes del anterior régimen franquista, ya que eran contrarias al estado democrático.