Por contra, la actual Consejería de Salud y Bienestar Social, retornaría a la situación anterior a la de la última remodelación del Presidente Barreda, volviendo a separarse en dos Consejerías, la de Bienestar Social por un lado y la de Salud por otro, pues ni el ahorro con esta fusión ha sido el anunciado, ya que dada las extensión de las competencias de ambas supuso que se crearan innumerables puestos de coordinación (Gabinetes, nuevas Direcciones Generales, algunas de éstas con rango de Viceconsejerías, como la Dirección General de Coordinación de Salud y Bienestar Social, o nuevos puestos en los Servicios Provinciales, como el caso de los coordinadores), ni tampoco ha supuesto una mejor gestión en su actuación, todo lo contrario, dada la diversidad de sus competencias.
En segundo lugar, el plan presentado por UPyD plantea la desaparición de varios de los Organismos Autónomos actualmente existentes en la Administración Regional, así recoge la supresión del Instituto de la Mujer, cuyas competencias se asumirían por la Consejería de Bienestar Social; la del Instituto de la Juventud, cuyas funciones las realizaría la de Educación y por último la desaparición también del Instituto de Consumo, que quedaría de nuevo integrado en la nueva Consejería de Salud. No se trata con esta supresión de dejar de realizar las funciones que actualmente desempeñan estos órganos, sino hacer desaparecer un número importante de los puestos políticos de libre designación que se crearon con la constitución de los mismos, especialmente en los Servicios Centrales, mientras que los órganos periféricos han seguido con una estructura similar a la de antes de constituirse como organismos autónomos.
Otras propuestas que la formación de Rosa Díez en la región plantea en su Plan de Racionalización de la Administración Autonómica, es disminuir en un 50% el número de asesores o personal eventual de la misma, colectivo que en una parte importante lo forman personas sin más meritos que su afinidad política al Partido Socialista y cargos públicos cesados en anteriores reestructuraciones del ejecutivo regional y no verdaderos técnicos expertos en las materias en que deberían asesorar a los puestos políticos de las Consejerías, junto a esta medida también se recoge reducir de manera significativa, al menos en un 30%, los puestos de libre designación (Direcciones Generales y Jefaturas de Servicio).
Asimismo dentro del Sector Público Regional, el Plan recoge la supresión de varias de las empresas públicas regionales que tanto han contribuido a aumentar el déficit público en los últimos años (de hecho a finales del pasado año su deuda ascendía a casi mil millones de euros), y que en la actualidad superan el número de veinte, entre ellas, la Empresa Pública de Gestión del Suelo de Castilla-La Mancha, cuyas funciones volverían a asumirse por los órganos directivos de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda; Por último, se plantea como imprescindible una reestructuración en profundidad de la RTVCM, consistente en disminuir en el próximo cuatrienio hasta en un 40% el presupuesto del Ente público, que en el presente año asciende a 70 millones de euros, y que entre otras medidas, supondría la supresión de la gran mayoría de sus puestos directivos, junto a la rescisión de los contratos con productoras externas, con el fin de apostar por una televisión y radio donde primara una programación de servicio público y plural, para lo cual estaría al frente un periodista de reconocida trayectoria, elegido por el consenso de todos los partidos políticos con representación en las Cortes Regionales, con el fin de que esté fuera de todo servilismo al ejecutivo regional como sucede hasta ahora con el actual Director.
Todas las medidas planteadas por UPyD de Castilla-La Mancha generarían, según la formación, un ahorro para las arcas públicas de más de un 25% en gasto corriente, además de suponer una mayor eficacia en la prestación de sus servicios a los ciudadanos, al profesionalizarse en profundidad la gestión administrativa, que se llevaría a cabo fundamentalmente por funcionarios de carrera en base a criterios técnicos y no por personal externo, sin más meritos que la afinidad política.
