El desplome de los precios de la pasada campaña obligó a la Comisión Europea a autorizar el almacenamiento privado, presionada por el sector en toda Europa, ha asegurado el responsable sectorial del aceite, José Vicente Fernández de Sevilla, que ha recordado que la organización agraria presentó propuestas de mociones para el apoyo al olivar en distintos ayuntamiento de la región que fueron respaldadas por muchos municipios.
Esta medida supuso un respiro para el sector que vio como los precios remontaban ligeramente, sin embargo esta situación no ha durado mucho, subraya el dirigente agrario.
El comportamiento anómalo del mercado, dadas las escasas existencias de aceite, ha llevado a la organización a solicitar de nuevo a nivel nacional la activación del almacenamiento privado, y ha demandado la actualización de los precios de desencadenamiento para situarlos en valores acordes con los costes de producción y mantener los niveles de rentabilidad media de las explotaciones.
La producción de aceite de oliva a nivel nacional ascendía a fecha 31 de diciembre de 2009 a 398.465,2 toneladas, un 5 menos respecto a la campaña anterior y un 8 por ciento inferior a la media de las 4 ultimas campañas. Estos datos negativos se acentúan aún más en Castilla-La Mancha, con una producción hasta la fecha que no llega a las 19.000 toneladas, un 14,8 por ciento menos que en la última campaña y un 18,4 por ciento inferior a la media de los últimos 4 años.
Más de la mitad de la producción de aceite en la región está en poder de las almazaras industriales (privadas), mientras que a nivel nacional la mayor concentración de este producto se encuentra en manos de las cooperativas, se ha lamentado el responsable regional de la sectorial de aceite.
En este contexto, Fernández de Sevilla considera que el mecanismo de regulación del mercado que supone el almacenamiento privado y que tanto trabajo costó que se autorizara “ no se ha explotado adecuadamente , ya que tan sólo se ha retirado del mercado un 34 por ciento del aceite autorizado”.
En el caso de que volviera a autorizarse, “habría que tratar de utilizarlo de forma más racional”, ha concluido.
