El informe que la Comisión Europea ha publicado recientemente recoge que el montante de las ayudas agrícolas directas que se concedieron a España en 2008 ascendió a 4.921 millones de euros. Esta cantidad se repartió entre 901.030 productores, de los cuales 11.930 (el 1,3 por ciento del total de beneficiarios) concentraron casi el 25 por ciento del total de las ayudas (unos 1.200 millones de euros).
En el extremo contrario, los agricultores más modestos, de hasta los 10.000 euros de ayudas, representaron el 86,3 por ciento de los beneficiarios y, sin embargo, apenas sumaron un 30 por ciento de las ayudas (1.476,5 millones de euros).
En Castilla-La Mancha, los datos facilitados por el FEGA reflejan una la distribución muy similar durante 2008 en que el volumen económico de las ayudas directas agrícolas que recibió la región ascendió 557,4 millones de euros, para un total de 128.020 productores.
Los beneficiarios de ayudas por importe superior a los 50.000 euros fueron 1.388, poco más del 1 por ciento, pero han acumulado casi 132 millones de euros, o sea, el 23,7 por ciento de las ayudas.
Por contra, los beneficiarios de menos de 10.000 euros en subvenciones agrarias directas fueron 113.758, lo que representa el 88,9 por ciento del total de beneficiarios, pero percibieron únicamente el 29,5 por ciento de las ayudas (164,2 millones de euros).
COAG-IR y los agricultores que viven de esta profesión entendemos que la viabilidad de las explotaciones debe alcanzarse por la vía de los precios, de forma que compensen los costes de producción y remuneren de forma adecuada la aportación de la agricultura a la producción de alimentos y materias primas, a la gestión medioambiental, a la ordenación del territorio y al mantenimiento de las economías rurales.
Aunque en los debates de la PAC actualmente se pueden introducir ciertos mecanismos de regulación de los mercados o acomodar la normas de competencia a las especificidades del sector agrario (temas hasta ahora inabordables), también es necesario que la concesión de las ayudas directas se pueda vincular, entre otros factores, al ejercicio profesional de la actividad agraria, de manera que los que vivimos del trabajo en nuestra explotación y los que más comprometidos estamos con este sector, seamos los que obtengamos la mayoría de los apoyos públicos a la agricultura.
Hay que recordar que la posibilidad de restringir el acceso a las ayudas directas a aquellos productores o empresas cuya actividad principal no era la agraria, ya se ha contemplado en la anterior reforma de la PAC como una decisión voluntaria que podía adoptar cada Estado miembro. Sin embargo, esta aplicación facultativa hacía muy complicado que un país la adoptara.
