Es inevitable establecer comparaciones con nuestra hermanastra del sur. Ésa que tanto “te quiere”, con la que compartimos las peores sombras y la que es capaz de maravillarnos con luces refulgentes. Fijémonos en nuestros respectivos defensores del pueblo, los “ombudmanes” de Andalucía y Castilla-La Mancha.
Comenzaremos recordando a qué se dedica un defensor del pueblo. Para abrir boca, recurramos a la definición wiki: es un funcionario del Estado encargado de representar los intereses de los ciudadanos ante abusos que puedan cometer los funcionarios de un Estado. Por otro lado, El artículo 54 de la Constitución española establece que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos fundamentales, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de las Administraciones públicas. El Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad, desempeña sus funciones con autonomía y goza de inviolabilidad e inmunidad durante su permanencia en el cargo.Existe un Defensor del Pueblo Europeo, P. Nikiforos Diamandouros, un Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica Herzog y defensores del pueblo a nivel autonómico. En Castilla-La Mancha, ostenta el cargo José Manuel Martínez Cenzano.
Castilla-La Mancha
El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha es la Institución comisionada de las Cortes Regionales, cuyo titular es designado por éstas para la protección y defensa de los derechos y libertades, individuales y colectivas, comprendidos en el título primero de la Constitución y el artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, a cuyo efecto velará por la tutela del ordenamiento jurídico propio de Castilla-La Mancha y de su Estatuto de Autonomía.
Es elegido por las Cortes por un período de cinco años. Cada año presenta ante las Cortes un informe sobre el número de quejas recibidas, tramitación seguida y resultado de sus actuaciones. El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha es políticamente independiente, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con absoluta autonomía.
El perfil de una persona políticamente independiente en Castilla-La Mancha es el de la que ha desempeñado los cargos de Director Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Cuenca; Consejero adjunto al Presidente de Castilla La Mancha; Presidente de las Cortes Regionales, de 1987 a 1991; Alcalde de Cuenca, en 1991-1995 y 1999-2007; Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entre 1999 y 2003; y en 1995, fue Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca.
Perdonen la ironía, pero este señor rebosa independencia.
Según ha publicado el diario ABC, “el Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, registró un total de 38 «deficiencias» o irregularidades de todo tipo en la gestión de Martínez Cenzano cuando era alcalde de Cuenca. El informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005 y es un compendio de práctica opacas, sospechosas o abiertamente ilegales en todos los ámbitos de la gestión municipal. Va de la contratación de personal, la constitución de empresas, las subvenciones, los concursos públicos y el manejo de los créditos al meollo de la corrupción en los consistorios: el urbanismo y las recalificaciones de terrenos. En el caso de Cuenca «aparece» un 24 por ciento de superficie de suelo urbanizable que no estaba previsto en el plan original correspondiente”. En dicha información, además se acusa al PSOE y la Fiscalía de haber “enterrado” el caso y de haber guardado en un cajón dicho informe.
Sobre la gestión de nuestro Defensor del Pueblo al frente del Ayuntamiento de Cuenca, el PP ha afirmado que “hay responsabilidades penales, como sostiene el Tribunal de Cuentas en su informe correspondiente, se dan datos contundentes de prevaricación y malversación de fondos públicos y ahora toca a la Justicia fijarlas”. Para IU, el «Caso Cenzano» es un ejemplo claro de degradación institucional en Castilla-La Mancha.
Parece que nuestro ombudman está lejos de reunir el respeto de todos y el reconocimiento por una trayectoria intachable al servicio de los ciudadanos. Cualidades indispensables y obligadas para una figura que necesita de un mayor protagonismo y relevancia, y que parece ha quedado relegada, como tantas otras, a servir de retiro o para “jubilar” políticamente a fieles servidores del partido en el poder.
Andalucía
Crucemos Despeñaperros juntos, estimados lectores, y viajemos hasta Sevilla. Allí encontramos a José Chamizo de la Rubia, nacido en Los Barrios (Cádiz), Defensor del Pueblo Andaluz desde 1996. Es sacerdote y Licenciado en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma, en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, y tiene la diplomatura en Biblioteconomía por la Ciudad del Vaticano. Está especialmente vinculado en tareas de asistencia y apoyo ante problemas de drogodependencias y de lucha contra la marginación y la pobreza, principalmente en la comarca del Campo de Gibraltar. Ha dirigido durante años la creación y organización de numerosas asociaciones y colectivos de lucha contra la droga. Su actividad en esta labor mereció en 1994 la concesión de la Medalla de Andalucía.
Tras terminar sus estudios teológicos en el seminario diocesano de Sevilla, y tras cuatro años de formación en Roma, convertido ya en un maduro investigador y a punto de ingresar en la Escuela Diplomática Vaticana para servir al papa Pablo VI en algún lugar del mundo, Chamizo comenzó a considerar la posibilidad de volver a su tierra para iniciar un apostolado social como “soldado” de a pie. Recibió la ordenación sacerdotal en octubre de 1978 en Los Barrios, siendo su primer destino la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, en Algeciras. El compromiso se plantó una mañana a su puerta: Rafa, un joven toxicómano, le abrió su corazón y, al mismo tiempo, abrió el corazón del novel cura. Desde aquel día es el “cura de la droga”.
La prensa destacaba en su reelección en 2007 para un tercer mandato que “no es usual el consenso entre los grupos parlamentarios andaluces, pero su nombramiento ha vuelto a ser una excepción”.
En su discurso con motivo de la concesión del título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Chamizo de la Rubia aseguraba que “la igualdad, la libertad, el pluralismo, la justicia son valores sobre los que se ha forjado un modelo de Estado Democrático y de Derecho que no ha dudado en apropiarse la condición de Social. Es decir, hemos consagrado el modelo de organización política del poder sobre el respeto a unos condicionantes que, desde un punto de vista social y económico, hagan creíble la formulación del régimen de derechos y libertades que se reconocen formalmente a la ciudadanía. De esta forma, un ciudadano pleno, titular de sus libertades y derechos, no puede ser sujeto que los disfrute y alcance a comprender sus contenidos sin la superación de unos niveles imprescindibles de integración social y económica. Pero, al poco tiempo, la experiencia me mostró que, a pesar de que esa letra y esa música sonaban tan bien en el texto constitucional, la realidad era diferente. Estamos, pues, ante la constatación de que la mera declaración formal de los derechos no basta y, sobre todo, dando un paso más: que las libertades y derechos fundamentales no son los mismos porque no se pueden ejercer con igual plenitud entre un sector de la ciudadanía que sufre condiciones de postergación o discriminación”.
Un cura con dos cojones
José Chamizo de la Rubia es un rebelde que aceptó formar parte del sistema contra el que luchaba para continuar su cruzada contra la marginación y las desigualdades sociales. Así, a “segunda” vista, parece estar en las antípodas de nuestro Defensor del Pueblo. Y puede que no le falte razón a Daniel Martínez, de Izquierda Unida, cuando afirma que “el Caso Cenzano es un ejemplo claro de degradación institucional en Castilla-La Mancha”. Es un síntoma más de un genéticamente agotado régimen, endogámico y clientelista, a la altura de una sociedad que, ni la concatenación de escándalos, despierta de una rumiante y amoral indolencia.
Febrero es Carnaval y Carnaval es la calle. El Sheriff se llevó el primer premio del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz en 1997 con “Los Aleluyas”. Adivinen a quién le cantó:
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Aleluya, aleluya, aleluya
Predicando a su forma,
bastante peculiar,
conocimos al cura
del ‘Campo Gibraltar’.
Adaptando su Biblia
a la vida real,
a los pobres y enfermos de sida
intentaba ayudar.
Aaaaaaay… entre chabolas,
aaaaaaaay… dando esperanza,
soportando derrotas,
nunca enterraba el hacha,
declarando la guerra
a traficantes con corbata.
Dando la cara
por el ‘parao’ y el ilegal,
con la doctrina
de la justicia y la igualdad.
Con pantalón vaquero
y siempre ‘despeinao’
muchos lo quisieran ver ‘crucificao’
y otros alaban su nombre.
José Chamizo de la Rubia,
nuestro Defensor del Pueblo,
un cura con dos cojones.
