Así que cuando hablamos desde IU, en una campaña que llevamos en marcha desde hace años, de un empleo de calidad y con derechos, lo hacemos pensando en la necesidad de establecer unas condiciones laborales mínimas; estabilidad y causalidad en la contratación, salarios dignos, acceso a la formación y la promoción, mantenimiento de salarios en situaciones de baja laboral, seguridad y salud laboral, a igual trabajo igual salario, jornada laboral, todo ello sin descuidar las obligaciones contractuales del trabajador, y lo hacemos pensando en la urgente necesidad de cambiar nuestro modelo económico y productivo.
Pero como no podemos desligar esa decencia de un modelo social y productivo, para conseguir esa dignificación del trabajo debemos edificar otro modelo de sociedad, y otra mentalidad empresarial. Cuando todos los días desde diversas tribunas creadoras de opinión, se trata de deslegitimar la representatividad sindical, debemos recordar el resultado de un reciente estudio sobre las principales preocupaciones de las empresas, entre ellas y claramente destacadas sobre el resto aparecen dos; necesidad de aumentar ventas y acceso a la liquidez y el crédito.
Como verán no aparecen las principales demandas que enarbola la CEOE; reforma laboral, rebajas de cotizaciones sociales y del impuesto de sociedades, facilitar EREs y otras, sin embargo aquí nadie parece discutir la “legitimidad” de la CEOE, cuando hay un claro divorcio entre las demandas de la gran patronal y las necesidades urgentes de sus “asociados”
Como no hay mal que por bien no venga, curiosamente es el aumento de la economía sumergida, ya un 23% del PIB, la que está sirviendo de colchón a una conflictividad social que en condiciones normales estallaría con estas indecentes cifras de desempleo de septiembre.
La gente está buscando refugio en el sub-empleo, sin derechos y garantías sociales, sin condiciones de salud laboral y sin respeto a derechos constitucionales como la actividad sindical. Igual que en la década de los 90, se crean las condiciones para un nuevo recorte en las prestaciones por desempleo, enmascarado en nuevas figuras de subsidio que fomentaran la rotación de los parados en empleos supuestamente temporales.
Es aquí donde echamos en falta un PACTO DE ESTADO CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y EL FRAUDE FISCAL, que es el que puede reconducir la economía de este país hacia un modelo social, democrático y de derecho, con un sistema fiscal justo y progresivo, que genere los recursos suficientes para sostener una SOCIEDAD DECENTE.
