En este año intenso hemos dotado al Instituto de Consumo de todas las herramientas necesarias para que la participación ciudadana sea una realidad cierta y no quedase en un mero enunciado en la ley que creó este organismo.
Así, las asociaciones de consumidores y usuarios y las organizaciones empresariales son miembros de pleno derecho del Consejo de Dirección del Instituto; se ha ampliado la representación social del Consejo Regional de Consumo y se ha constituido el Consejo de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, un foro de cooperación para que estas entidades tengan voz propia en la supervisión de las políticas que en el área de consumo lleve a cabo el Gobierno regional.
Con estos mimbres, Castilla-La Mancha se encuentra entre las más regiones avanzadas en las políticas relacionadas con la protección y defensa de los derechos de los consumidores.
Disponemos de la red de oficinas municipales de información al consumidor más completa de España y uno de los sistemas de arbitraje de consumo más importante del país; un Instituto de Consumo que dispone de unos órganos de representación con una participación ciudadana muy activa, y un Estatuto del Consumidor que otorga más seguridad y más derechos a los ciudadanos en su relación con el mercado de bienes y servicios.
Pero donde más destaca Castilla-La Mancha es en su fuerte tejido asociativo, en la capacidad de sus habitantes de asociarse para defender y reclamar sus derechos, gracias a las 9 federaciones regionales y las 44 asociaciones provinciales existentes, que aglutinan a más de 165.000 asociados, y que siempre han colaborado lealmente con el Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de consumo.
Esta colaboración se plasma ahora en los trabajos emprendidos para elaborar el Plan Estratégico de Protección al Consumidor de Castilla-La Mancha que queremos desarrollar en los próximos cincos, a fin adaptar la red de recursos en el área de consumo a la nueva realidad social, agilizar la respuesta de la Administración pública a las demandas ciudadanas, fomentar el asociacionismo, fomentar la educación, la formación y la información en este campo y garantizar la calidad y seguridad de los productos y servicios a disposición de los consumidores.
Hace siete años, en 2002, escribí en mi calidad de consejero de Sanidad un artículo de opinión también con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, en el que expresé los distintos retos a los que se debían enfrentar en este siglo XXI los habitantes de Castilla-La Mancha como consumidores.
Puedo decir ahora, que muchos de esos retos ya los hemos abordado con éxito porque hemos contado para ello con el mejor colaborador posible que puede tener un Gobierno, que es una ciudadanía activa y responsable. Y estoy seguro de que su voz, la voz ciudadana, va a estar cada vez más presente, a través del Instituto, para abordar en el futuro inmediato los retos que aún nos quedan pendientes y hacerlo con las mayores garantías posibles.
