Facilitar el reconocimiento de los títulos universitarios en el marco europeo de modo que facilite la movilidad de estudiantes, profesores y profesionales para hacer de Europa una referencia mundial en conocimiento, es el fundamento de la declaración que los responsables de los sistemas educativos europeos hicieron en 1999 en Bolonia y a la que ya son 46 países los adheridos.
Esta declaración se ha ido perfilando en las sucesivas reuniones que cada dos años han tenido lugar, ajustando terminologías, abriendo conceptos como la formación a lo largo de la vida desde las universidades, incorporando en el concepto de Educación Superior todo aquello tras el bachillerato como, por ejemplo, los ciclos formativos superiores de Formación Profesional; en fin un conjunto de iniciativas que los diferentes países incorporan en mayor o menor grado en su normativa.
En España tras tiempos de ralentización del proceso, de dudas, de debates con las universidades y con las comunidades autónomas, producidos especialmente desde 2004, se publica a final de 2007, tres años antes del famoso octubre 2010, el decreto que acelera el trabajo en las universidades para elaborar los nuevos títulos de grado.
Esta aceleración pone de manifiesto que Bolonia está ahí, tras muchos años de valorar que aún estaba lejos, y genera un amplio juego de inquietudes y, como indicaba, algunas imprecisiones.
La estructura de grado y posgrado, la consideración de títulos oficiales que adquieren los master, la posibilidad de existencia de especialización no necesariamente orientada a la tesis doctoral, son los elementos que Bolonia introduce en la estructura de las titulaciones. Esto es lo que hace comparable las titulaciones del conjunto de países europeos; más allá está la modificación metodológica que específicamente se aborda en España.
Esta renovación metodológica es un ejercicio universitario voluntario aprovechando la oportunidad de cambio que propicia el EEES. Y es un cambio metodológico que simplificadamente puede expresarse como más atención al desarrollo de competencias generales y específicas, más trabajo autorizado, más atención a lo que el estudiante necesita aprender, más formación práctica, o bien, formar para ser capaz de actuar en la sociedad.
Hace ya muchos años Plutarco opinaba “el cerebro no es un vaso por llenar sino una lámpara por encender”. También esta idea recoge bien el fundamento de la renovación metodológica. Pero que nadie interprete que el estudiante no ha de tener esfuerzo que realizar o conocimientos que adquirir. “No hay nada que un profesor pueda hacer para evitar el esfuerzo que un estudiante ha de hacer para controlar una asignatura” es una expresión que tomo prestada del proyecto docente de una concursante a cátedra de universidad.
Hay quien ha visto en esta reestructuración de las titulaciones y en esta actualización metodológica riesgos para el carácter público de las universidades, incremento de los precios, formación para élites, mercantilización, hipotecas, etc. Muchas personas, entre las que me encuentro, rechazan estas posibilidades, pero no están presentes en lo que identificamos con el Plan Bolonia. Más aún, la formación especializada podrá ser ahora oficial, y por tanto con precios públicos, fijados por los gobiernos, con posibilidad de tener beca de acuerdo por con los requisitos de renta y rendimiento académico habituales.
Pero, además, hace pocos días el Consejo de Ministros incrementaba la previsión presupuestaria de 2009 para becas y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha comprometido, en su política complementaria de becas, la atención especial a estudiantes de familias en paro. En consecuencia, Bolonia propicia formación de grado y posgrado a precios públicos y con la posibilidad de acceder a las ayudas al estudiante en sus diversas formas: becas y residencias universitarias.
Sobre las competencias a las que conducen los nuevos grados y la vigencia de los actuales títulos de diplomado, ingeniero o licenciado también hay dudas o imprecisiones. Los títulos actuales mantienen todos sus efectos académicos y profesionales, como no podía ser de otro modo, por legalidad y por sentido común. No es ésta la primera reforma de titulaciones en la Universidad española. Por otra parte es cierto que hay profesiones que requerirán formación de posgrado: profesor de secundaria y el ejercicio de la abogacía, pero los nuevos grados habilitarán para el acceso al resto de la función pública o para el ejercicio profesional en empresas.
El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene un compromiso desde hace muchos años con la universidad pública, un constante apoyo al desarrollo del sistema universitario fruto del profundo convencimiento de que la formación y el conocimiento nos permitirá crecer de forma sostenible y avanzar hacia una sociedad de bienestar. Nadie puede quedar excluido del acceso a la formación superior por razones económicas, todas las inteligencias son necesarias, y en este objetivo la universidad pública y las ayudas al estudio y a los estudiantes son la garantía.
