La próxima semana comienza el curso escolar en Primaria y la siguiente en ESO y Bachillerato. El nuevo curso nos trae una How To Get Someone Back That Doesnt Want You nefasta novedad: el paquete de asignaturas “Educación para la Ciudadanía” que, con la intención común de formar la conciencia moral de los niños y diversa denominación según nivel, se estrenan en 2º y 4º de ESO y en 1º de Bachillerato.
– 44.000 objeciones de conciencia en España, de las cuales corresponden 9.000 a Castilla-la Mancha y, de ellas, 600 a Ciudad Real.
{mosgoogle}- 22 sentencias en La Rioja, 10 en Andalucía y 2 en Aragón reconocen el derecho de los padres a la objeción de conciencia frente a EpC, a las que hay que añadir medio centenar de medidas cautelares eximiendo de estas asignaturas a los hijos de las familias que esperan sentencia. Una más en Andalucía revoca parcialmente los contenidos de la asignatura. Centenares de recursos contencioso-administrativos entran estos días en los tribunales y juzgados de toda España.
– Dos CCAA reconocen ya directamente el derecho a la objeción de conciencia frente a EpC: Madrid y La Rioja. Otras, como Valencia y Murcia, lo hacen de modo más ambiguo. Se espera que el PP unifique criterios en los próximos días.
– Los padres objetores de Ciudad Real llevan tres meses esperando ser recibidos por el presidente de Castilla-La Mancha para tratar este tema. Barreda ha cesado como consejero de Educación a Valverde, que demostró una postura intransigente y radical en el debate sobre EpC en las Cortes regionales el pasado abril. Esperamos que el nuevo equipo de gobierno regional muestre mejor talante, inteligencia política para no agravar el conflicto y respeto a los derechos constitucionales de las familias.
– Mientras tanto, la mitad de los colegios religiosos de la provincia han elegido el libro de texto de Educación para la Ciudadanía que recomendó el presidente Zapatero en el debate en el Congreso: el manual de SM cuyo autor es J. A. Marina. ¿En eso consiste la adaptación de la asignatura al ideario católico que prometieron estos centros a los padres de sus alumnos? Y por cierto, en estos tiempos de crisis económica y recortes en la Junta de Comunidades, ¿podría decirnos la Consejería de Educación en cuánto va a aumentar la factura del programa de gratuidad de los libros de texto, gracias a las nuevas asignaturas del lote EpC?
Es probable que el Tribunal Supremo unifique doctrina sobre este asunto antes de que acabe el curso, consolidando las resoluciones de la mayoría de los Tribunales territoriales que ya han reconocido el derecho a la objeción de conciencia aplicado a esta materia. Ojalá no fuera necesario que la Justicia tenga que recordar a nuestros gobernantes que están obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución, incluyendo la libertad ideológica y religiosa de los ciudadanos y el derecho de los padres a decidir la educación moral de sus hijos.
El gran reto de nuestro sistema educativo (responsables políticos, profesores, familias) es elevar la calidad de la enseñanza española a niveles homologables con el resto de Europa. No perdamos tiempo, esfuerzo y dinero en proyectos de ingeniería social mal disimulada. Si nos centramos en lo primero, descartando lo segundo, nuestros hijos tendrán una buena educación, serán personas, serán ciudadanos de un país verdaderamente democrático. Tal vez entonces recordemos con satisfacción el curso en que nos enfrentamos a Educación para la Ciudadanía.
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