No entienda el lector que estamos fomentando la reconversión del sector agropecuario. Para eso se sobran y bastan quienes diseñan el “chequeo médico de la PAC”, la reforma de la OCM del Vino, el Plan Especial del Alto Guadiana, las ayudas ficticias por las tormentas del pasado año, el plan de choque para el sector ganadero, el plan renove, y el resto de medidas y políticas incoherentes que camuflan el objetivo principal: expulsar gratuitamente al 50% de las personas que hasta ahora vienen siendo ocupadas en el sector primario.
La reciente dimisión de Enrique Calleja como Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sería, si tuvieran la dignidad y coherencia de aquél, un ejemplo a seguir. Cuando otras veces hemos hablado de renovación en el sector rural hemos dicho que es necesario renovar las ideas y las personas, porque nadie es imprescindible y todos somos necesarios, y cuando las personas se eternizan en los sillones dejan de ser eficaces y ya ni siquiera sirve la excusa de que la inexperiencia les ha llevado al fracaso.
{mosgoogle}Cuando se llevan tantos años negociando, desde el ejercicio del poder o desde el otro lado de la mesa, no son admisibles nuevos engaños como excusa. Enrique Calleja ha dimitido porque sabe que no se puede sacar adelante un PEAG si no está garantizada la financiación, y a él le aseguraron los que estaban por encima que habría presupuesto suficiente para desarrollar el Plan. Pero esa promesa se la había hecho el gobierno de la inconsistencia. El mismo gobierno que antes de ayer dijo no a los trasvases, ayer aprobó un minitrasvase enmascarado en conexión de sistemas hídricos, y hoy, tras cuatro días de lluvia, dice que el abastecimiento de agua a Barcelona ya está garantizado.
Cuando se llevan tantos años negociando en nombre de los agricultores y ganaderos ya se sabe que lo que no está presupuestado simplemente no existe. Por eso a los políticos les daba igual empezar hablando de 3.000 millones de euros y terminar la campaña pregonando 6.000 millones. Simples promesas electorales que, como dijo el viejo profesor, no son vinculantes.
Cuando se lleva tanto tiempo ya se sabe que los políticos son capaces, como hicieron hace tres años, de presentarse con una hoja con membrete oficial del Ministerio de Medio Ambiente donde se prometía la moratoria a las sanciones y cierres de pozos hasta que se aprobara el PEAG y decir a la semana siguiente de la manifestación que ese escrito carecía de valor oficial y que la moratoria era jurídicamente imposible.
Los que consensuaron el PEAG sabiendo que no existía presupuesto deben ahuecar el ala. Hay quienes dicen que la dimisión de Calleja pone en peligro no solo la puesta en marcha del PEAG, sino incluso la continuidad de las Comunidades de Regantes. No, lo que debería estar en peligro es la continuidad en sus puestos de los políticos, técnicos y responsables. Todo esto pone en cuestión el sistema, el funcionamiento de la administración pública, el funcionamiento de la confederación, de las comunidades de regantes, de las organizaciones agrarias, y por supuesto la representatividad de estas últimas, su grado de independencia. Todo esto pone en evidencia no solo que el PEAG sin financiación es inviable, sino que también es inviable un sistema basado en una administración absolutamente intervencionista u unas organizaciones sometidas al poder y sin verdadera independencia. Entre otras cosas, además, todo esto pone en evidencia que en Castilla-La Mancha son necesarias y urgentes, después de treinta años de democracia, unas elecciones libres en el campo.
Para que no se produzca el desalojo de todo el sector agrario, la reconversión brutal en la que han metido al campo, es necesario que sean desalojados ya los que han estado tantos años viviendo a costa de no resolver los problemas que se acumulan sobre el sector agropecuario.
