Hilario Caballero Moya (Senador de PSOE por Ciudad Real)
Se acercan las elecciones generales y comienza la batalla de los impuestos. Mariano Rajoy se compromete con quienes ganan menos de 16.000 €, que quedarían exentos de pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. José Luís Rodríguez Zapatero anuncia la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.
En el PP, después de pasarse la legislatura sin formular propuestas alternativas a las medidas del Gobierno y centrar su tarea en la mera descalificación, se dan cuenta de que la banda terrorista ETA, el 11-M y sus vaticinios apocalípticos sobre la desintegración de España, no constituyen por sí mismos un programa electoral y comienzan a tratar de captar el interés de los ciudadanos.
{mosgoogle}Mariano Rajoy promete, si gobierna, una bajada de impuestos (que contrasta con su rechazo a la subida del Salario Mínimo Interprofesional) para que trabajadores y pensionistas que ganen hasta 16.000 € al año no paguen el Impuesto sobre la Renta. Aunque ocupa menos titulares en los medios, también se promete una reducción del IRPF para los más pudientes bajando el tipo máximo del 43% al 40% y a las empresas (10 puntos menos el de Sociedades).
Tras la formulación genérica, no se dan detalles ni se cuantifica el coste real para Hacienda. Y los detalles son importantes, porque en temas complejos como es el fiscal alteran los resultados.
La reforma afecta, en realidad, a quienes cobran entre 9.000 € y 16.000 € brutos, ya que quienes están por debajo de la primera cantidad ya no pagan. Lo que no se explica es si no habrá retenciones en las empresas o será Hacienda quien devuelva después, porque actualmente nadie que cobre menos de 22.000 € está obligado a hacer la declaración de la renta, aunque muchos la hagan para obtener la devolución de las retenciones empresariales.
Si la rebaja afecta sólo a los que ganan menos de 16.000 € supondría una merma de 5.000 millones de euros para Hacienda. Pero si supone una exención de los primeros 16.000 € de renta para todos los contribuyentes el coste sería de 25.000 millones de euros (la primera opción parece la más probable porque la segunda es inasumible). De todas formas, la propuesta tiene un mal maridaje con los augurios del PP sobre la desaceleración económica porque conllevaría la reducción del superávit y un menor gasto social. No está claro que al bajar los impuestos se reactive la economía y aumenten los ingresos fiscales por otras vías (la famosa curva de Laffer no ha funcionado en muchas ocasiones).
El PSOE, que ya reformó el IRPF en 2006, se muestra más prudente. Descarta el aumento de la presión fiscal o la creación de nuevos impuestos y se compromete a reducirlos si hay margen: que haya un excedente de ingresos y que éste no sea por factores extraordinarios. La inversión pública y el gasto social no deben resentirse.
Conviene recordar que el PSOE cumplió su compromiso para la legislatura actual y se aprobó una reforma fiscal en beneficio de la mayoría. La reforma beneficiará al 95% de los contribuyentes, lo que supone una bajada media del 6% para todos los ciudadanos, pero para el 60% de los contribuyentes con menor renta, la bajada media es del 17%. Además, para 2008 se ha aprobado una reforma adicional para ayudar a las familias que tengan hijos o los adopten, para desgravar por el alquiler de viviendas o para elevar los mínimos personales y familiares exentos. En el Impuesto de Sociedades la rebaja es de 5 puntos: del 35% al 30%.
Respecto a la intención del PSOE (también compartida por el PP) de suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, que aparentemente parece contradictoria con sus principios, viene avalada porque este impuesto, que no existe en la mayoría de los países de la UE, supone una guerra entre Comunidades Autónomas (que son quienes lo recaudan) por su reducción y ya no es útil como elemento de control (nació como un tributo extraordinario y transitorio). Además, las grandes fortunas se refugian en sociedades patrimoniales, por lo que el este impuesto recae en las clases medias.
Afecta a cerca de un millón de declarantes pero sólo supone el 0,40 de los ingresos de impuesto. Si ya se paga por lo que se ingresa y lo que se gasta, se pretende no hacerlo también por lo que se tiene.
Con este recorte de la presión fiscal no se pone en riesgo el superávit de las cuentas públicas que fue del 1,8% del PIB el año pasado y tendrá un comportamiento similar este ejercicio.
Con ello se está en línea con lo expresado por el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre su preocupación de que las reformas fiscales, si no son moderadas, se coman el incremento de los ingresos públicos.
