José María Barreda, el presidente de la Junta de Comunidades, no tiene palabra. Sencillo y fácil de comprender, pues, según ha adelantado su portavoz en las Cortes regional aprobará la Reforma de la Ley Electoral con o sin el consenso del Grupo Parlamentario Popular; es decir, en solitario si fuera preciso.
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El día 29 de enero de 2007 se alcanzaba un gran acuerdo entre las dos fuerzas políticas con representación en las Cortes regionales para la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, y en ese acuerdo se estipulaba que la reforma de la Ley Electoral se realizaría con el apoyo de 2/3 de la Cámara legislativa regional. El compromiso alcanzado entre José María Barreda y María Dolores de Cospedal era consensuar la reforma de una Ley, además de reivindicar unánimemente derechos para el futuro de nuestra Región, como la necesaria modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura; un mayor reforzamiento para la autonomía local; mayores competencias en la gestión; una financiación en pie de igualdad con otras CCAA; y mayores inversiones estatales en Castilla La Mancha, entendida dentro de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
Sin embargo, Barreda defraudará y faltará a su palabra si consuma su amenaza y presenta en las Cortes una proposición de Ley unilateral, rompiendo el citado consenso. ¿Dónde está la palabra del presidente de la Junta? Defraudará a todos los castellanomanchegos, a los que le votaron y a los que no, a los parlamentarios de su Grupo y a los populares, que aprobaron unánimemente el mejor acuerdo de la pasada legislatura. Estaban convencidos que el presidente era un político fiel a la palabra “compromiso”. Nada más lejos de la realidad.
La presentación de forma atropellada de esta propuesta de reforma de la Ley Electoral sólo puede calificarse de inoportuna. Las prisas no son buenas consejeras, y una reforma a una Ley que se aplicará por ver primera en el año 2011 no parece ser muy urgente de realizar. Nuestros convecinos precisan de políticas más urgentes que solucionen la lacra de un paro en aumento, de unos salarios y pensiones que pierden poder adquisitivo, de una sanidad sin profesionales, de una educación que no premia el esfuerzo y porqué no de unos mayores derechos autonómicos que permitan captar mayores inversiones del Estado en nuestra tierra. A estos problemas debemos dedicar todos nuestros esfuerzos y trabajar unidos desde el primer día. Sin embargo, ni al señor Zapatero ni al señor Barreda le interesa mucho que se hable ahora de ellos antes de las próximas elecciones, lo que suele pasar cuando no se tiene un discurso coherente en todas partes y cuando priorizan -para su aprobación antes de elecciones-, leyes del pasado como la de Memoria Histórica, antes que estatutos de futuro para el progreso de regiones y familias como los de Castilla-La Mancha, Castilla-León o Canarias.
Barreda demuestra, una vez más, que piensa más en plegarse a los intereses de su partido que en solucionar los problemas de los castellano-manchegos y defender la prosperidad de una Región que sigue sumida en los puestos de cola en todos los aspectos referidos al bienestar y prosperidad.
Desde el Partido Popular hemos mantenido y mantendremos siempre una actitud de colaboración con el Gobierno regional en cuantos asuntos sean necesarios para defender los intereses de Castilla-La Mancha y sus ciudadanos, porque en el Partido Popular somos conscientes de que los ciudadanos nos han dado su confianza para trabajar por ellos, no para defender políticas partidistas aunque vayan en contra de los intereses de nuestra Región.
Nuestra Presidenta, María Dolores de Cospedal, tiene un compromiso para trabajar por Castilla-La Mancha y lo mantendrá por encima de intereses particulares o partidistas. María Dolores de Cospedal se comprometió con los castellano-manchegos a realizar una oposición rigurosa pero leal. Sin embargo, Barreda ha decidido lanzar un guante retador en vez de coger la mano que le hemos tendido.
