Carmen Quintanilla Barba (Diputada Nacional del PP por Ciudad Real)
Casi tres décadas han transcurrido desde aquel 6 de diciembre de 1978 en el que era aprobada la Constitución más duradera de la Historia de España y hoy celebramos su vigésimo octavo con la misma ilusión con la que la recibíamos aquel día.
La Carta Magna, por aquel entonces criatura recién nacida de la Transición Española, ese periodo de nuestra historia política alabado por todos y que ha servido de ejemplo para el resto del mundo, ha hecho posible que todos los españoles y todos los partidos políticos, en absoluto consenso y armonía iniciáramos el camino de la democracia y la libertad del que hemos disfrutado durante todos estos años y del que seguirán disfrutando nuestros hijos y nuestros nietos.
La Constitución de 1978 trajo consigo no sólo las libertades que demandaba España en aquel momento sino que supuso la transformación política, social y económica del país hasta unos niveles que antes de esa señalada fecha tan sólo podíamos soñar y estableció un nuevo modelo de Estado, el de las Autonomías, que a pesar de que ha podido tener defectos tan buen resultado ha dado en general para el desarrollo, el futuro y la prosperidad de todos los españoles.
Sin embargo, la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la aprobación del Estatuto de Cataluña han provocado una ruptura en ese modelo de Estado, han marcado un antes y un después en ese clima de consenso y concordia democráticos que desde la Transición habíamos mantenido en torno a ese modelo de Estado que, no nos olvidemos, fue aprobado en las urnas por la mayoría de los ciudadanos españoles aquel 6 de diciembre de 1978.
Y son precisamente esos veintiocho años de madurez democrática y de desarrollo en paz y armonía los que nos deben llevar a apostar por mantener ese modelo de Estado, un modelo que se ha mostrado como el más eficaz para todos y cada uno de los territorios que integran España dentro de un Estado unitario, por el que abogaron los españoles en 1978, reconociendo la idiosincrasia de cada una de las comunidades autónomas pero manteniendo, al mismo tiempo, la solidaridad y la cohesión entre ellas.
No obstante, en la actualidad y, como decía anteriormente, tras la aprobación del Estatuto de Cataluña, con la connivencia y el aplauso del Gobierno socialista de la Nación, se ha quebrado ese principio de solidaridad y de cohesión que ha primado en ese modelo de Estado de las Autonomías y los españoles debemos saber que nuestros derechos derivan y emanan de la Constitución, de la Carta Magna que aprobamos en 1978, según la cual todos los españoles somos iguales independientemente de donde residamos.
Estamos de acuerdo en que los tiempos cambian y es necesario acercar las competencias a las administraciones más cercanas al ciudadano pero en ningún caso podemos aceptar que las comunidades autónomas puedan reemplazar al Estado, entre otras cosas porque sus cometidos son diferentes y porque la tutela de los derechos, la protección de los principios de igualdad y solidaridad y la defensa de la libertad corresponden y deben seguir correspondiendo al Estado que es quien debe garantizarlas.
La construcción de la España en la que nos encontramos y en la que queremos seguir avanzando ha sido posible gracias a la suma de todos, con la descentralización justa y necesaria, pero dentro de un proyecto común de futuro en el que todos debemos ir de la mano para que nuestro país siga siendo referente y modelo para el resto del mundo como lo ha sido desde aquella Transición en la que fuimos capaces de lograr un consenso que ha sido y es referente y ejemplo a seguir en el resto del mundo y desde aquel 6 de diciembre de 1978, en el que los españoles dijimos en las urnas que queríamos una Nación indisoluble, “patria común e indivisible de todos los españoles que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
