Carmen Quintanilla Barba (Presidenta Nacional de FAMMER y Diputada Nacional del PP por Ciudad Real)
Hoy, 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vuelve a servir de homenaje póstumo a las 60 mujeres que hasta la fecha han muerto asesinadas por sus parejas o ex parejas este año en España. Por ese verdugo en el que en su día confiaron y con el que quisieron compartir su día a día y que no dudó, en un momento determinado, en quitarles la vida, que es lo más preciado del ser humano.
60 madres, hijas, hermanas, compañeras, amigas… cuya pérdida no podrá ser reparada nunca para quienes las conocieron, las valoraron, las admiraron y las quisieron, ni siquiera con la celebración de este día en el que lo único que podemos y debemos hacer es recordarlas para que su sufrimiento no caiga en el olvido. Un sufrimiento que viven a diario miles de mujeres, porque no sólo son víctimas aquellas que por desgracia, engrosan la triste lista de fallecidas a causa de la violencia de género, sino también, no nos olvidemos, ese número incalculable de mujeres que conviven cotidianamente con el insulto, la humillación y la agresión física o psíquica continua del maltratador.
Miles de mujeres que, presas del miedo, del temor al qué dirán, de la cadena invisible en que se convierte depender económicamente de su agresor, de proteger a sus hijos, de no ver la salida del túnel, soportan la violencia día tras día, hora tras hora, de forma callada y sin denunciar.
Según las estadísticas, se calcula que en España existen alrededor de dos millones de mujeres que son víctimas de malos tratos y está comprobado que la mayoría no ha denunciado la situación. De hecho, dos de cada tres de las víctimas mortales de este año no lo habían hecho. Es por tanto fundamental hacer hincapié y concienciar a las mujeres, una vez más, en la importancia de denunciar los malos tratos ya que sin denuncia es imposible acabar con la violencia.
El próximo mes de diciembre se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una ley que fue aprobada con la unanimidad de todos los partidos con representación en el Congreso pero que no ha dado los resultados esperados puesto que no ha conseguido reducir la incidencia de la violencia contra las mujeres sino que seguimos en los mismos niveles o, incluso, se ha apreciado un incremento.
El presupuesto para la puesta en marcha de esta Ley ha sido insuficiente, los juzgados dedicados a resolver los casos de violencia de género siguen siendo escasos, los que hay se encuentran colapsados y la policía local sigue sin tener competencias para proteger a las víctimas lo que ha llevado a esta Ley a no cubrir hasta el momento las expectativas que había generado cuando se aprobó. La prueba está en que el 30% de las mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas habían cursado la correspondiente denuncia y, por tanto, nos encontramos en que, al menos, en un 30% el sistema de prevención y protección establecido en la Ley ha fallado.
Es preciso, por tanto, dotar al sistema de más medios, incrementar las plantillas de los Cuerpos y Seguridad del Estado y las unidades dedicadas a la violencia de género, aumentar el número de juzgados destinados a cursar estos casos y facilitar aún más a las mujeres el apoyo y la ayuda indispensables para romper con la situación de maltrato en la que viven y que, indiscutiblemente, sigue presentando un panorama aún mucho peor en el medio rural donde las mujeres siguen sin tener cerca recursos asistenciales o policiales donde acudir en caso de dar el ya de por sí difícil paso de decir basta ante su agresor.
