Nicolás Fernández Guisado (Presidente Nacional de ANPE-Sindicato Independiente)
El grave deterioro que la convivencia en los centros educativos ha sufrido en las últimas décadas constituye una de las mayores preocupaciones de cuantos nos dedicamos a la tarea docente.
Cada día, los profesores constatamos que las familias y la sociedad hacen recaer sobre nosotros funciones que no nos corresponden exclusivamente, que sobrepasan nuestra labor de transmisores de esos valores y conocimientos que denominamos la cultura, que se nos despoja de la autoridad y la dignidad inherentes a la función social que desempeñamos, y que la normativa por la que se rige nuestro sistema educativo no nos proporciona instrumentos adecuados para hacer frente a los conflictos de convivencia. De ahí la sensación de indefensión que ha hecho necesaria, por ejemplo, la figura del DEFENSOR DEL PROFESOR que ANPE puso a disposición del profesorado desde el pasado año.
A pesar de ello, todavía hay colectivos reticentes a reconocer la gravedad del problema. Uno de los tópicos más recurrentes es el que responsabiliza a la sociedad en su conjunto de la violencia en la escuela. Una responsabilidad de todos que termina por serlo de nadie. Porque la escuela no es un simple reflejo de la sociedad. Su tarea es también, y sobre todo, ser un modelo: el “laboratorio” donde se vaya creando la sociedad del futuro, más capacitada, más justa, más libre y más solidaria que la actual. Esa es la función de la educación. Y precisamente para cumplirla, creemos desde ANPE que cada uno de los agentes implicados en el proceso educativo debe asumir sus responsabilidades propias: las administraciones educativas deben disponer los medios que permitan a profesores y alumnos ejercer sus respectivos derechos a enseñar y aprender en un clima de convivencia favorable; las familias deben tomar las riendas de la educación de los hijos, porque enseñar dónde están los límites es educar, y ese derecho primordial es de los padres. Además, los medios de comunicación y agentes sociales tienen que reflexionar seriamente sobre los modelos que presentan a los jóvenes, y a los docentes se nos debe exigir la máxima dedicación y profesionalidad y, a la vez, se nos debe valorar, apoyar, proteger y compensar, en consonancia con la enorme relevancia de nuestra tarea.
Hay que poner fin a cualquier situación de indisciplina y acoso que se viva en el ámbito escolar, porque ningún proceso educativo es posible sin un clima de respeto adecuado. La autoridad no debe ser algo arcaico y desprestigiado sino un elemento básico de la relación educativa. Precisamente porque la conflictividad en nuestras aulas no alcanza aún los niveles alarmantes de otros países, es ahora buen momento para actuar, con medidas eficaces y preventivas. Como representantes del profesorado creemos prioritario el establecimiento de un marco jurídico que regule y potencie la gobernabilidad de los centros educativos, y de una normativa que propicie un clima de respeto y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. Señalar cuáles son las consecuencias de los actos contrarios a la convivencia también es educar.
En este sentido, una medida jurídica como la emprendida por las Fiscalías de Cataluña y Andalucía, considerando las agresiones a profesores como atentados a la autoridad – junto con la consideración de autoridad pública para los docentes en el ejercicio de su función que ANPE acaba de solicitar al Fiscal General del Estado- son iniciativas que refuerzan la defensa y la protección de los docentes, y en definitiva una garantía para los derechos de un colectivo que ha venido padeciendo una considerable pérdida de autoridad y descrédito social en los últimos tiempos. Además, lanzan un mensaje con un sentido también educativo: nuestra sociedad, precisamente porque es tolerante y democrática, se fundamenta sobre todo en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, y las leyes los garantizan para todos. Es un paso importante para el reconocimiento social y la dignificación profesional de los docentes.
