Ricardo Chamorro
Un informe de auditoría interna, elaborado por Hacienda, revela deficiencias en las medidas de seguridad, técnicas y organizativas de la Diputación de Vizcaya en lo referido a la protección de datos de los ciudadanos vizcaínos.
Como sabemos, las nuevas tecnologías, al posibilitar la racionalización, simplificación, celeridad y seguridad de las prácticas administrativas y de recopilación de datos, se presentan como una exigencia inaplazable para cualquier Administración que no desee vivir de espaldas al progreso. Ahora bien, el uso de los modernos medios electrónicos implica el riesgo de injerencia en la vida privada y tiene implícita la posibilidad de lesionar derechos. La informática -debidamente ordenada y accesible- va unida hoy indefectiblemente al poder, y no cabe duda de que a la Administración le es necesaria determinada información para cumplir sus fines. Pero no es menos cierto que un uso abusivo o incontrolado de ella puede minar el funcionamiento de cualquier Estado por el quebrantamiento de los derechos a la intimidad señalados en el articulo 18 de nuestra Constitución.
Entre los fallos encontrados por la auditoría interna a la Diputación Foral de Vizcaya están el desconocimiento de la documentación relativa a protección de datos por parte del personal, la falta de información y de conocimiento de los funcionarios, la documentación obsoleta, la participación superficial de los Departamentos en lo relativo a protección de datos y los formularios sin las cláusulas jurídicas adecuadas de información. Hay además servicios subcontratados con empresas externas a la Administración que acceden a datos personales y no se conoce el procedimiento diseñado para dar respuesta a los ciudadanos en lo relativo a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En resumen, la auditoría ha detectado incumplimientos relativos a los artículos 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17 y 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y artículos 9, 11, 14, 16, 24, 28 del Reglamento de Medidas de Seguridad RD 994/1999.
Según el PP de Vizcaya,el informe de auditoría interna revela accesos irregulares por parte de personal a los datos fiscales de los contribuyentes, sin finalidad especifica alguna, y por ello han puesto en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Autonómica correspondiente un informe que resume los incumplimientos anteriormente citados. El PP vizcaíno también ha solicitado la comparecencia del diputado general de Vizcaya en las Juntas Generales del territorio para que explique «detalladamente» las posibles «medidas correctoras» adoptadas e informe de cuántos trabajadores han incurrido en «irregularidades».
La mayor gravedad del incumplimiento de la protección de datos en el País Vasco se debe a la existencia en dicha Comunidad Autónoma del grupo terrorista ETA, que a día de hoy continua cobrando el impuesto revolucionario a quien le viene en gana. La accesibilidad incontrolada a los datos relativos a retenciones de IRPF, capital mobiliario y operaciones con terceros de empresas y profesionales vizcaínos puede dar lugar a filtraciones de datos. Éstos, en manos terroristas, no sólo podrían quebrantar la intimidad de la persona sino su propia integridad personal y familiar.
Se puede ver el informe de auditoria comentado en www.jjggbizkaia.net (Iniciativas parlamentarias; Nº de Registro: 786; Año: 2005). Dadas las circunstancias, da miedo pensar en las consecuencias y debe haber una respuesta inmediata.
