José Valverde (Consejero de Educación y Ciencia)
La comunidad educativa demanda en estos días diálogo y consenso en torno a las líneas maestras que tienen que orientar y sostener la educación en los próximos decenios. Poner a la educación al resguardo de los vaivenes electorales, que no de los cambios sociales ni del legítimo debate político, es un imperativo de estos nuevos tiempos que será más fácil después del cambio tranquilo que los españoles impulsamos el 14 de marzo pasado.
No pudo ser antes, y bien que lo lamentamos. Debe ser ahora, inexcusablemente, y tenemos la obligación de no frustrar esta nueva oportunidad para un consenso que, a mi juicio, debe ser a la vez un consenso social y un consenso político, un gran acuerdo de la comunidad educativa entera y de las Comunidades Autónomas que gobernamos y gestionamos la educación día a día, y un acuerdo -ojalá- que pueda ser refrendado por la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias.
Necesitamos tranquilidad y sosiego, y un horizonte temporal generoso, para reflexionar y debatir, para experimentar y evaluar, para sentar las bases de ese Pacto por la Educación que se revela hoy, con los cambios sociales, laborales, culturales, demográficos y económicos que se suceden en España y en la nueva Europa ampliada, más necesario que nunca.
Por eso, quiero saludar el espíritu y los compromisos del nuevo equipo del Ministerio de Educación y Ciencia, su invitación al diálogo y su disposición a afrontar con claridad el debate de la financiación de las nuevas obligaciones y los nuevos proyectos que desde nuestras Comunidades debamos poner en marcha. Y, de manera relevante, la convicción de que es la propia Conferencia de Educación el ámbito de encuentro y el foro de debate más adecuado a una realidad y a un tiempo en que las Comunidades Autónomas adquieren un papel protagonista y asumen la gestión educativa como una parte sustantiva del ejercicio del autogobierno.
La modificación, abriendo un plazo mayor, del calendario de aplicación de la LOCE mediante una norma de igual rango y de tramitación idéntica a la del Real Decreto por el que se aprobó el calendario inicial, y el mantenimiento de las disposiciones que han entrado ya en vigor en el momento en que el nuevo Real Decreto se apruebe, son medidas tan necesarias como prudentes. Por la prudencia que demuestra la intención de no hacer tabla rasa ni desmantelar el edificio entero de la LOCE, y por la necesidad de abrir el tiempo de diálogo preciso para levantar una casa en la que podamos caber todos.
No tienen fundamento alguno esas críticas intencionadas que hablan, con nulo rigor, de una supuesta derogación de una Ley Orgánica por la vía de un Real Decreto. Son éstas, quizás, las voces menos interesadas en el consenso, y puede que entre ellas se encuentren las de quienes más se esforzaron por que el mismo no fuera posible antes.
Ni existe el caos que se quiere pregonar, ni desorganización, ni incertidumbre. Salvo, claro está, en ese lapsus que lleva a algunos a confundir la realidad con el deseo. El próximo curso se aplicarán en Castilla-La Mancha, como así ha sido hasta la fecha, todas las disposiciones normativas vigentes dictadas por quien tiene competencia y legitimidad para ello. Y no tiene menos legitimidad el nuevo Gobierno que el anterior para aprobar los reglamentos y desarrollos normativos necesarios para acometer las reformas que con sus votos respaldaron los ciudadanos y la mayoría parlamentaria que apoyó el programa de investidura del nuevo presidente del Gobierno de España.
Es tiempo de ponernos, sin más demora, a trabajar en una triple dirección. La primera, en tener pronto un diagnóstico preciso, riguroso y fiable, del estado actual de la educación, de sus potencialidades y de sus puntos débiles, del que queden excluidos los apriorismos estériles. La segunda, para decidir de común acuerdo qué se debe mantener, o incluso potenciar, de la LOCE, y qué se debe suprimir, partiendo de la constatación empírica de que en no pocos aspectos el acuerdo básico entre las Comunidades Autónomas a lo largo del proceso de gestación de la Ley fue bastante mayor de lo que finalmente quedó escrito en el texto legal. La tercera, que es de corte metodológico y de alcance político, poniendo en acción la idea de que no es buen camino buscar en el pasado las recetas necesarias para resolver los problemas del presente y poder encarar el futuro con garantías.
