Eusebio Gª del Castillo Jerez.- El concejal de Urbanismo, Alberto Lillo, ha explicado que, nada más tomar posesión, el nuevo equipo de gobierno se encontró con una sentencia judicial que ordenaba la demolición de 19 viviendas en el paraje conocido como La Pedregosa, en la pedanía de Las Casas. Es el motivo por el que el presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Real contará para este ejercicio con una partida presupuestarias de alrededor de 385.000 euros.
Lillo ha comentado que se trata de viviendas construidas sin las preceptivas licencias en un zona de regadío calificada de como de especial uso agrícola y medioambiental.
El edil socialista ha denunciado que los anteriores responsables políticos del Partido Popular «ignoraron» las sentencias judiciales al respecto e incluso eliminaron partidas para demoliciones en el área de Urbanismo, escudándose además en ello, para no ejecutar las resoluciones. «Así han estado los últimos cuatro años», ha afirmado. A la semana de tomar posesión, relata Lillo, y por requerimiento judicial, tuvo que presentarse en el Juzgado junto a la alcaldesa por este caso. «Firmamos las demoliciones de las casas, ante el enfado del juez por la dejadez del Ayuntamiento en obedecer una sentencia». Por otro lado, señala que se solicitó al Juzgado un plazo de tiempo para dotar la suficiente partida presupuestaria con la que afrontar las demoliciones, así como para estudiar la viabilidad de otras alternativas antes de llevarlas a cabo. En ese sentido, se asegura que se han celebrado diferentes reuniones con representantes de la Junta de Comunidades, incluido el consejero de Agricultura, además de con los propietarios.
Las posibilidades, en cualquier caso, son a largo plazo, por lo que las viviendas parecen estar condenadas. Se trata de una zona de importancia agrícola y medioambiental y «tendría que haber una ley que cambie la calificación», indica. No obstante, apunta que tiempo atrás hubo interés por el desarrollo agrícola en el Vicario, pero en la actualidad «más del 65%» de las fincas y terrenos agrícolas no se explotan. Una tendencia a la baja en regadíos por la que podría plantearse un cambio de calificación. Sin embargo, ha recordado que el POM está «en vía muerta». «El equipo de gobierno tiene que ver su situación y las propuestas que desde Planeamiento y Urbanismo se puedan lanzar hacia el cambio de usos en esos terrenos». Alberto Lillo ha insistido que cualquier medida en esta dirección sería a largo plazo.
Asimismo, ha recalcado que la mayoría los inmuebles afectados son segundas viviendas y que las primeras sentencias por las irregularidades en la construcción de las mismas se remontan acerca de 10 años. Llama la atención, por otro lado, que el requerimiento de demolición pese sobre algunas de las viviendas del paraje y sobre otras no, de momento.
Alberto Lillo ha explicado que el Ayuntamiento realizará las demoliciones subsidiariamente, una vez que el juez lo dictamine y en el caso en el que el propietario no pueda afrontar el coste o no la lleve a cabo. «Posiblemente al propietario le resulte más económico tirarla él antes que recurrir a los servicios técnicos municipales», ha matizado.
Críticas al PP
Por último, el concejal de Urbanismo se ha mostrado sorprendido por la actitud del Partido Popular, al presentar una enmienda a los presupuestos para eliminar la partida de demoliciones, «a sabiendas de que hay que cumplir la resolución judicial». Se ha manifestado enojado por el hecho de que el «engaño» del anterior equipo de gobierno hubiera propiciado que tanto él como Pilar Zamora hayan tenido que acudir a un juzgado a prestar declaración. «El auto indicaba que en dos meses las viviendas tenían que estar demolidas. Después de las últimas reuniones nos han permitido ampliar el plazo con la obligación de dotar una partida suficiente para demoler», ha concluido.
En la misma línea, Jorge Fernández de Ganemos, considera «vergonzoso» que el PP haya defendido la eliminación de una partida presupuestaria «siendo conscientes de que iba destinada a la demolición de las viviendas y cuando todo esto se gestó en su legislatura».
Deberías derribar la plaza de toros y hacer allí una casa okupa.
Pero de donde te has escapado !!! Por favor señora coherencia ya vale de tantas jilipolleces hombre.
Mucho vivienda sin permiso, incluso en el mismo anejo.
Los mismos propietarios de esas viviendas ilegales hacen apología y presumen ante la imposibilidad de derribo y han seguido construyendo y ampliando lo anterior. Aún no se ha derribado ni una vivienda de las llamadas ilegales.
Si hay una sentencia firme, el mejor ejemplo y método disuatorio es ejecutarla, porque los que hemos esperado pacientemente a obtener un permiso e incluso nos lo han denegado, hemos tenido que acatar.
Ellos siempre han parecido una clase aparte. al Ayuntamiento no debe temblarle la mano en ordenar los derribos o llevarlos a cabo con la consiguiente minuta pagada por los propietarios.
Estas personas han construido de forma ilegal en sus terrenos de su propiedad, mas grave es lo del barrio San Martín de Portes que han construido casas ilegales en terrenos ajenos y ahí la justicia ni el ayuntamiento se meten. Siempre pagan los mismos.
En vez de alludarnos solo sabéis criticar a nadie le gustaría que le derribasen su casa ya sea ilegal o no y efectivamente los de ese barrio cada vez ocupan mas terreno que a ellos no le pertenecen y hacen y desacen como quieren pero nadie dice nada !!
Lo la yo no quiero que esas casas se derriben, es mas estoy a favor de regularizar las, esa zona ya prácticamente ha perdido su condición medioambientale, nadie quiere trabajar el campo.
¿Derribar casas? No es mejor para todos cobrarles una multa. Al fin y al cabo construyen en sus terrenos y aportan dinero a las arcas.
Yo creo que el derribo es por desobedecer un decreto de paralización y algunos propietarios siguieron construyendo, pero no conozco el caso a profundidad.
Solo se precintó y paralizó una vivienda y curiosamente, esa no se va a derribar
Si no he entendido mal, el asunto es el siguiente:
1. Casas ilegales.
2. Sentencia de derribo
3. El PP la guardó en un cajón.
4. Y ahora el PSOE se tiene que comer la mierda.
Espero que los propietarios no tengan ningún problema en tirar sus casas por ellos mismos y que no digan que son unos pobres ciudadanos. Espero que también el PP pague una parte de lo que va a costar por no haberse ejecutado en su tiempo. Que el chalecito nos gusta a todos.
Coincido plenamente con el temita de San Martín de Porres. Tras 20 años de gobierno local del PePe no se ha hecho nada y me temo que tampoco va a hacer nada el PSOE. Lo que pasa que esas chabolas están en un terreno urbano y los que habéis construido lo habéis hecho en un rústico de especial protección (imagino).
Pues si, lo has entendido mal, la sentencia de derribo no es contra el ayuntamiento, si no contra los propietarios, asi que no es el PP quien la guarda o no la guarda en el cajón. Eso solo hace el Psoe en Puertollano. Otra cosa es que el ayto. la tenga que ejecutar SOLO si no lo hacen los propietarios.
No, Carlos. No creo que lo haya entendido tan mal. Claro que la Sentencia es para los propietarios pero LA EJECUCIÓN corresponde subsidiariamente al Ayuntamiento (cobrando a los propietarios claro está) y ese Auto de ejecución (o como se llame) es lo que está guardadito en un cajón hasta ahora. Imagino que tendrá pruebas en tal sentido y que las enseñará el concejal.
Y más aún: El Ayuntamiento (o sea, todos los ciudarrealeños) tiene que pagar 400.000 euros para tirar las casas si los propietarios no lo hacen directamente, y luego intentar recuperar esos 400.000 euros.
Es decir, que me cuesta a mí como contribuyente el chalecito de otros.
Pues si el ayuntamiento tiene que gastarse 400.000 euros de todos, que es facil nunca vaya a poder recuperar, por una falta o delito que él no ha cometido (lo han hecho los propietarios), hace muy bien en buscar cualquier cosa para no tener que gastarselo, siempre que sea legal. Y no tener partida presupuestaria para ello, será una triquiñuela, pero es legal. Bien por el ayuntamiento del PP.
No, no es legal. Está obligado por ley a hacer una partida para eso. Verás, yo pensaba lo mismo pero la ley de enjuiciamiento civil establece la obligatoriedad del cumplimiento y el deber de colaboración de la ADministración.(gracias san google)
Ahora, que coincido contigo en que ojalá lo fuera…
Bravo
«La ley es igual para todos», y si no que le pregunten a Alejando Aznar y Monica Oriol como han construido ilegalmente su palacio en el corazón del Parque Nacional de Cabañeros, en Alcoba de los Montes, aqui podeis ver las fotos aereas de la obra ilegal recién terminada. https://www.google.es/maps/@39.3691742,-4.5186935,153m/data=!3m1!1e3?hl=es
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