Piden 500 euros de multa por desobediencia a los manifestantes de la protesta del helicóptero y que se condene a los policías por una falta de coacciones

Eusebio Gª del Castillo Jerez.– El juicio celebrado hoy en Ciudad Real a dos de los participantes en las protestas acaecidas durante la inauguración de la rotonda del helicóptero, que comparecían en calidad de acusados y demandantes, ha quedado visto para sentencia. A los policías que intervinieron en el acto se les acusa de una falta de coacciones, mientras que el Ministerio Fiscal ha pedido para Javier Heredia y Raúl Jiménez, una multa de 500 euros por desobediencia a la autoridad.

Aunque se había tipificado inicialmente como un juicio por desórdenes públicos, la Fiscalía ha solicitado que Javier Heredia y Raúl Jiménez, dos de los integrantes de las once del helicóptero, sean condenados a 500 euros de multa, a razón de 10 euros durante 50 días, por una falta por desobediencia a la autoridad. No obstante, la defensa espera que finalmente sean absueltos.

Jorge Fernández, uno de los abogados de defensa, señala que se trata de la misma falta, «demasiado habitual, que vienen presentado la policía y el Ministerio Fiscal ante este tipo de sucesos o manifestaciones en la que los ciudadanos hacen uso de su libertad». Según Fernández, «la única forma que tienen de pararles es criminalizarles, metiendo en el cajón desastre de la desobediencia actividades que, no es que sean perfectamente legales, es que están especialmente protegidas por el ordenamiento jurídico».

Por otro lado, los abogados de los acusados, que comparecían a su vez también como demandantes, han solicitado que se condene a los policías implicados en los hechos por una falta de coacciones. «La actitud de la policía fue precisamente la de coaccionar a los ciudadanos para impedirles ejercer sus derechos fundamentales», afirma Jorge Fernández .

Asimismo, considera que los poderes públicos no pueden injerir en el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente cuando no hay circunstancias graves que supongan un problema de alteración del orden público. «En este caso se trataba de una concentración pacífica en la que participaba muy poca gente y en la que no estaba ocurriendo absolutamente nada».  Insiste que en ha quedado «acreditado» que, en todo momento, «los dos ciudadanos que han sido llevados a juicio, igual que el resto de gente que estaba allí concentrada, ejercían derechos fundamentales».

Por último, Fernández ha subrayado que esperan la absolución de los acusados por desobediencia «porque nos parecería lanzar un mensaje muy negativo a la sociedad. Si se les condena se estaría diciendo que en este país si te manifiestas o si expresas libremente tu opinión corres el peligro de ser perseguido, sancionado e incluso condenado en un juicio como el de hoy».

Javier Heredia, uno de los acusados, ha comentado tras el juicio que el Ministerio Fiscal ha incidido en que, durante la protesta, Raúl Jiménez se negó a identificarse. Una circunstancia que Heredia niega. Asegura que su compañero mostró el DNI cuando se lo requirieron y que el policía se lo quitó. Por otro lado, según ha explicado, han acusado a al propio Heredia de obstaculizar, mientras realizaba una grabación con su móvil, la identificación que las fuerzas del orden llevaron a cabo durante la concentración. «Es imposible, no me hubiera dado tiempo», afirma, ya que «me encontraba a unos 15 metros de los policías».

La defensa de los acusados por la protesta del helicóptero denuncia la vulneración de derechos fundamentales antes de un juicio que califican de «político»
La defensa de Javier Heredia y Raúl Jiménez, dos de los manifestantes contra la rotonda del helicóptero de Ciudad Real llevados a los tribunales por la Fiscalía bajo la acusación de desordenes públicos, ha pedido la absolución para los encausados. Hoy, minutos antes de que comenzara el juicio de faltas en la capital manchega, Jorge Fernández y Elena Bello, abogados de Heredia y Jiménez, han denunciado la vulneración de los derechos fundamentales y que se trata de un juicio «político» auspiciado por la Subdelegación del Gobierno contra «destacados activistas» del 15M.

Javier Heredia, uno de los acusados y coordinador del área de Juventud de IU, recordaba que la acusación ha ido dirigida únicamente contra dos de los integrantes de las once del helicóptero . «No entendemos por qué, será porque fuimos quienes denunciamos a la policía por una actuación desproporcionada ese día», decía momentos antes de ingresar en los Juzgados. «Confiamos en que nos absuelvan», añadía.

Jorge Fernández, abogado defensor, mostraba su solidaridad con los acusados en calidad de coordinador local de Izquierda Unida, «y con las once del helicóptero en general, porque siguen teniendo un procedimiento administrativo abierto que esperamos se cierre en cuanto acabe  este juicio». Fernández aseguraba que se trata de un juicio «político», puesto que los acusados, durante la inauguración de la rotonda del helicóptero, ejercían sus derechos fundamentales. En este sentido, aseguraba, además, que se está persiguiendo a las personas por ejercer las libertades reconocidas en la Constitución. «Está claro que la policía y la Subdelegación del Gobierno, con juicios ejemplarizantes a los activistas sociales más destacados de la ciudad, buscan desalentar el ejercicio de los derechos fundamentales y que la gente tenga miedo a salir a la calle a protestar». Según Fernández, no es una casualidad que las once del helicóptero fueran personas que habían participado muy activamente en los tiempos del 15M.

Por su parte, Elena Bello, coincidía en que, en lo concerniente a este juicio, se está penalizando la actividad y la manifestación de derechos fundamentales. «Intentan que la gente no proteste, que no diga nada». Afirmaba que lo que aquel día ocurrió «no fue otra cosa que una protesta para mostrar una opinión a través del ejercicio del derecho de libre expresión».  Recordaba, además, que se produjeron otros incidentes, «como que la policía prohibiera grabar o que tiraran una cámara, cuando en un espacio público, y en el desarrollo de una actividad o manifestación, es perfectamente legítimo poder hacerlo». Por último Bello, destacaba la «desproporción» en la utilización de la Justicia contra las protestas, «que entendemos se está agravando en los últimos años, al impedir a la ciudadanía que pueda manifestarse y expresar su opinión».

Antecedentes

El Juzgado de Instancia e Instrucción número 6 de Ciudad Real archivó la causa que enfrentaba a la Policía Nacional y a dos de las once personas denunciadas por alteración del orden mientras protestaban el pasado 5 de junio de 2013 durante la inauguración del “monumento militar” de la rotonda de la carretera de Fuensanta. Sin embargo, a instancias de la Fiscalía, el caso fue reabierto y este miércoles se ha celebrado el juicio de faltas contra estos dos manifestantes, acusados de desórdenes públicos.

La Fiscalía decidió reabrir la causa de falta contra el orden público que afecta a Javier Heredia, coordinador del Área de Juventud de Izquierda Unida Ciudad Real; y a otro de los participantes, Raúl Jiménez, quienes denunciaron en su momento una actuación “desproporcionada” de la policía a la hora de requerirles la identificación y evitar que grabaran en vídeo la actuación policial.

A pesar de que el auto del juzgado consideró que no existía “actuación contumaz tendente a no identificarse” de los jóvenes participantes en la concentración, la fiscal decidió reabrir el caso al considerar que los hechos sí podrían ser constitutivos de una falta de desobediencia leve según el artículo 634 del Código Penal.

Jorge Fernández recordaba días atrás que en el caso de las once del helicóptero hubo una denuncia contra la policía por parte precisamente de las dos personas juzgadas “por haber coaccionado sus derechos fundamentales, por haber empujado a uno de ellos y tirarle el móvil con el que estaba grabando la concentración y el desfile militar, y quitarle el DNI al otro, llegando incluso a rompérselo”.

Según Fernández, la actitud de la policía fue la de impedirles ejercer el derecho fundamental de reunión recogido Constitución. “La jueza archivó la denuncia de la policía a las personas que se estaban manifestando pero el Ministerio Fiscal, que depende, por su relación jerárquica, del Ministerio de Justicia y por tanto del Gobierno del Partido Popular, ha pedido que se reabra el juicio y sospecho que es debido a que la jueza no había pedido que se archivara la denuncia de los manifestantes porque entendía que tenía más fundamento”.