Unas 300 personas, entre trabajadores y familiares de la plantilla de Elcogas, se han traslado este jueves a Madrid durante su segunda y última jornada de huelga. En la capital, y rodeados de un fuerte dispositivo de seguridad, se han manifestado ante la embajada de Francia y las sedes de Endesa e Iberdrola (principales accionistas de Elcogas junto a la francesa EDF) para expresar su rechazo a la decisión de cerrar la planta de Puertollano. «Non a la fermeture». Hasta en francés se les ha dicho. Les han respondido las ventanas vacías y el mismo silencio que les envuelve desde que empezaron las protestas. La huelga que hoy finaliza ha sido secundada por el 100 % de la plantilla y las manifestaciones han transcurrido con normalidad (Fotos de Graci Triguero y José Fernando Buitrón).
A pesar de la intensa campaña de protestas que desde el 18 de junio, fecha en la que empresa anunció su decisión, han llevado a cabo los sindicatos y trabajadores; y a pesar de la «voluntad política» que tanto el Gobierno como PSOE y PP han mostrado, en realidad la situación hoy es exactamente la misma. La respuesta del Ministerio de Industria aún no ha llegado, reconocía hoy el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Alcaide, a los medios de comunicación en Madrid.
Las miradas están puestas ahora en en el próximo día 8 de octubre, cuando está previsto que el comité y la empresa se reúnan con el director general de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Jaime Suárez
Jesús Crespo, trabajador de Elcogas y responsable de Política Industrial de CCOO-Industria, ha subrayado que el mes de octubre será clave para «obtener una respuesta positiva» a la continuidad de la empresa. En este sentido, ha recordado que, de no conseguir resultados, se intensificarán unas movilizaciones que podrían conducir a una huelga general indefinida en la comarca.
“Las compañías eléctricas propietarias de Elcogás tienen que escuchar a los trabajadores del complejo; a la ciudadanía de la comarca de Puertollano, a las Cortes de Castilla-La Mancha y tienen que revertir su decisión de cerrar el 31 de diciembre”, ha dicho Crespo. “No sólo tenemos la determinación de luchar contra el cierre; también hay razones económicas, políticas y medioambientales para mantener la actividad de la planta. No puede ser que mientras la Unión Europea apuesta por la reducción de emisiones de CO2 y por reducir la dependencia energética externa; cerremos una empresa que cubre ambos objetivos”, señala.
