Unos cuarenta trabajadores de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales se han concentrado frente a las oficinas de la empresa pública Tragsa en Toledo para reivindicar la categoría de bombero forestal, el acceso a la segunda actividad o a los coeficientes de reducción en la edad de jubilación, y condiciones salariales dignas y acordes al puesto de riesgo que desempeñan.
Las Brif están formadas por trabajadores altamente especializados en el trabajo de extinción y prevención de incendios forestales, tal y como se refieren a ellos las páginas oficiales del Gobierno. «Realizan labores de riesgo, jugándose la vida en helicópteros y, después, a pie de fuego, sin vehículos y tan solo con sus herramientas». Desde la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales aseguran que realizan un trabajo vocacional que implica desgastes físicos similares a los que despliegan los deportistas de élite. «Creemos que ha llegado la hora de dar un paso al frente y reclamar lo que es nuestro».
En la actualidad, estos trabajadores están contratados como peones y reclaman que se les encuadre en la categoría de bombero forestal. Además, a pesar de sus duras condiciones laborales, su salario es inferior a 1.000 euros y no son contratados durante todo el año. «Consideramos que no somos nosotros los que tenemos que demostrar que nos merecemos un sueldo y unas condiciones dignas tras 23 años haciéndolo y jugándonos la vida. La profesionalidad de la Brif está más que contrastada.
Además, exigen el acceso a una segunda actividad o a la posibilidad de acogerse a los coeficientes de reducción de la edad de jubilación. «Después de dejarnos nuestro sudor durante 30 años en esta empresa seremos aptos para desarrollar al 100% y como venimos haciendo nuestra labor y por lo tanto creemos que nos merecemos una salida adecuada y no el abandono».
Las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales se dedican a la extinción y prevención de incendios forestales. Conforman un grupo de más de 500 trabajadores pertenecientes a la empresa pública Tragsa, un encargo directo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que supone un coste de obra por valor de unos 25 millones de euros aproximadamente, según informan desde la asociación.
Las Brif se distribuyen por todo el territorio nacional en 10 bases, incluida una en las Islas Canarias, y son un medio helitransportado, operativo en época de máximo riesgo de incendios. Durante el periodo invernal sus labores se enfocan principalmente en la prevención de incendios forestales, realizando trabajos en los montes cercanos a sus bases.
En los 23 años de antigüedad de este colectivo, señalan, se ha ido aumentando el tiempo de contratación de los únicos tres meses de verano, hasta llegar a haber estado trabajando el año completo. A fecha de hoy eso no es así y anualmente se pasa un mes y medio en desempleo.
Desde la creación de esta asociación en el año 2005, las reuniones y contactos mantenidos con distintos estamentos gubernamentales y sindicales, «han dado sus frutos con mayor o menor acierto, llegando incluso a firmar un protocolo de intenciones con el anterior Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y consiguiendo con ello algo más de estabilidad laboral».
Pero en lo que atañe a las cuestiones laborales relacionadas con Tragsa, «y siendo ella beneficiaria de una obra por adjudicación directa del Ministerio año tras año», lamentan que no se haya llegado a dar ningún paso en beneficio de los trabajadores. «Es más, estamos inmersos en un anexo de un convenio que presenta un alto agravio comparativo con el resto de trabajaderos de dicha empresa al no sernos aplicables más de 40 artículos de dicho convenio».
Desde la ATBRIF aseguran que han intentado, «por activa y pasiva», llevar a cabo encuentros con los dirigentes de la empresa y que, desde el primer momento, «se nos ha tachado de no ser un interlocutor oficial y se nos ha restado importancia; realizando esos encuentros siempre fuera de las instalaciones de la empresa y sin ningún tipo de oficialidad».
Este colectivo afirma haber demostrado su buena fe, «intentando dialogar con la empresa de numerosas formas» y que, desde siempre, se le comunicó a la dirección cualquier problema o inquietud del colectivo. «También hemos seguido los cauces establecidos para reclamar lo que creemos que de algún modo tenemos derecho. Siempre hemos querido garantizar la paz social mediante el diálogo. Pero la gestión de esta empresa en lo que atañe al colectivo Brif desde nuestro punto de vista está siendo de dejadez y olvido, debido principalmente al caso omiso que siempre se hace de nuestras reclamaciones o reivindicaciones. Se da el caso que durante la firma del protocolo entre nuestra asociación y el Ministro, nadie asistió en representación de la empresa, aun siendo invitados», lamentan.
Además, desde esta asociación denuncian que Tragsa, tras un ERE declarado nulo, «sigue alegando las cuestiones económicas como negativa a mejorar nuestras condiciones, pero reparte 4 millones de euros en “bonus” aun presentando cuentas que según ellos indican darán una pérdida de 40 millones de euros este año».
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