Plataforma contra la privatización del agua en Alcázar de San Juan.- El equipo de gobierno de Alcázar de San Juan, formado por la coalición Partido Popular y Ciudadanos (antes Ciudadanos por Alcázar UCIN), da un paso más para callar la voz de sus vecinos mediante el proyecto de Ordenanza para regular lo que denominan Publicidad dinámica.
El gobierno de Diego Ortega y Ángel Montealegre, tiene previsto llevar a Pleno una Ordenanza que somete a autorización discrecional del alcalde o concejal delegado toda publicidad que se realice en Alcázar de San Juan, Alameda de Cervera y Cinco Casas. Es preocupante que en el objeto de esta regulación, además de lo que comúnmente entendemos por publicidad comercial, el equipo de gobierno incluya la que se realice con el fin de “difundir mensajes de naturaleza sociocultural, política o similar” (art. 4).
Conforme a la redacción de la citada Ordenanza, tramitada como anexo a la de Medio Ambiente, todo mensaje sociocultural, político o similar que se quiera difundir con el uso de vehículos, mensajería o propaganda manual en la vía pública, reparto domiciliario, publicidad oral, con o sin megafonía, o cualesquiera otras, ha de contar con la autorización previa del Alcalde o concejal en el que delegue, y que será de carácter discrecional, que según la RAE significa “Que se hace libremente, que se deja al criterio de la persona o autoridad que puede regularlo”.
Esto es, deja que la actuación de, v. gr.: partidos políticos, sindicatos, asociaciones e incluso iglesias y particulares, quede sometida a la decisión de la autoridad política correspondiente (alcalde o concejal), que podrá autorizar o no una determinada actuación discrecionalmente, lo que bien pudiera considerarse una especie de censura previa a toda acción política y ciudadana, y que no pensábamos que íbamos a ver desde la derogación de la Ley de Prensa que dictó Franco en 1.938.
En esta ordenanza infame, el alcalde se arroga además la función jurisdiccional, puesto que es ahora él (o concejal delegado) quién a priori ejerce una función fiscalizadora de los derechos fundamentales que sólo a los jueces compete.
Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, nuestros gobernantes, en el artículo 6 de la norma mordaza, también prohíben la grabación y difusión de cualquier acto público por alguien distinto a quien ellos quieran, al considerar que ya “está garantizado el derecho a la información con los medios público y/o privados previamente convocados”. Esto es, si algún medio les molesta, con no convocarlo, le impiden informar. ¿No saben lo que es libertad de prensa? ¿Desconocen que significa el derecho a la información libre y veraz? ¿No querrán acaso que la información se vea reducida a algún medio público, que si por algo se caracteriza es por su parcialidad informativa? Con todo esto pudiera entenderse que pretenderían que volvamos a una única fuente de información, al estilo del NODO.
La ordenanza ataca directamente los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución, tales como el derecho a la igualdad, derecho a dar y recibir libremente información veraz, libertad de expresión, derecho de acción política, libertad sindical, libertad religiosa, derecho de reunión, entre otros.
No deja de ser paradójico (y triste) que un gobierno legítimamente elegido, algunos de cuyos componentes sólo han conocido la democracia, olvide la lucha de este país por conseguir los derechos y libertades de los que disfrutamos, y que ahora nos quieren quitar. Porque a los alcazareños, además de su patrimonio, nos quieren quitar la libertad.
Desde la Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcázar tenemos la sospecha de que toda esta normativa tiene como objetivo acallar las protestas y movilizaciones que desde hace un año venimos haciendo en la defensa de la gestión pública del agua y contra la venta de la empresa, aunque para hacernos callar dañen los derechos fundamentales de toda la sociedad civil.
Desde aquí queremos decir que el camino para no oír nuestra reclamación no es taparnos la boca, sino dialogar, que es a lo que siempre hemos estado abiertos, y que aunque sea con la boca tapada, seguiremos adelante en nuestra lucha, porque es justa, porque creemos en ella, y porque es el pueblo de Alcázar el que ha de decidir el futuro de sus aguas.
Es tan grave el ataque a las libertades individuales y colectivas, y tantas las quiebras a los derechos fundamentales, que adjunto se acompaña el texto propuesto por el equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos por Alcázar, para se pueda calibrar la cantidad de años a los que nos quieren retrotraer a la ciudad de Alcázar.
[…] Ordenanza Mordaza del Gobierno del PP en Alcázar de San Juan para intentar callar a la Plataforma d… […]