Pleno en Puertollano: Polémica por una carambola jurídica que impidió debatir la propuesta de IU para dejar de pagar el abogado a los funcionarios imputados

Santos G. Monroy.- Fuera orquestada o casual, el caso es que una carambola jurídica ha impedido debatir hoy en el pleno de la Corporación de Puertollano la moción urgente presentada por Izquierda Unida que pedía un acuerdo plenario para que el Ayuntamiento dejara de pagar la defensa jurídica de los funcionarios imputados por prevaricación administrativa en el caso de las obras de la Plaza de Toros.

Llegado el punto en que debía debatirse la moción, el secretario municipal, Juan Luis Vázquez Calvo, precisamente uno de los dos trabajadores imputados, esgrimió su incompatibilidad legal para seguir dando fe de la sesión plenaria y, por tanto, pidió la inhibición de sus funciones. La respuesta de la alcaldesa Mayte Fernández fue que «sin secretario no se puede celebrar el pleno«, y puesto que la sustituta estaba ausente por asuntos familiares, no podía admitirse a trámite la moción de IU ni, consecuentemente, levantar acta de acuerdo plenario alguno.

Si bien la alcaldesa ofreció un debate «al margen del pleno» y sin validez jurídica, el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Florentino López Montero, rehusó, acatando la propuesta de Fernández de aparcar la moción para el próximo pleno, una vez se contara con el secretario sustituto. No obstante, López Montero criticó la actitud de la alcaldesa. «Ha ofrecido, sin ruborizarse, un debate sin acuerdo y estéril, oportunidad que lógicamente rechazamos porque los concejales de IU no se brindan a debatir de manera hueca y superflua, sino que lo hacemos para conseguir un acuerdo en defensa de los intereses generales, como buscaba la moción», subrayó López Montero.

A su juicio, «los ciudadanos no entienden que el Ayuntamiento, que defiende los intereses generales, pague la defensa de dos funcionarios imputados por prevaricación, previa denuncia del fiscal». «Un delito importante», prosigue, «una acusación muy grave que sin duda perjudica los intereses generales del Ayuntamiento. En este conflicto de intereses, entre los privados de los funcionarios y los intereses municipales, deben prevalecer los intereses municipales».

La retirada «forzosa» de la moción suscitó la polémica entre los grupos políticos. Izquierda Unida recordaba que la moción fue comunicada con 24 horas de antelación al equipo de Gobierno. La alcaldesa respondía que lo normal era que el viernes anterior se tuviera conocimiento de los asuntos a tratar para su inclusión en el orden del día, y que la ausencia de la sustituta estaba justificada, apelando además a la necesidad de tramitar los asuntos en tiempo y forma. Por su parte, María José Ciudad, portavoz del PP, recriminaba a la alcaldesa lo ajustado de los tiempos y las «dificultades» con que se topaba su grupo para conocer con antelación los acuerdos que se van a debatir en el pleno.

La moción de IU se sustenta en la tesis de que «las normas no obligan siempre a la defensa jurídica de los trabajadores públicos en actuaciones realizadas en el uso de sus funciones«. «Cuando puede darse un conflicto de intereses entre los generales de la Administración y los particulares de los trabajadores públicos, no existe obligación legal de la cobertura jurídica a estos trabajadores», reza el texto de la propuesta.

Según la argumentación de la moción, «imputar un delito de prevaricación a dos funcionarios de este Ayuntamiento en la adjudicación de unas obras de presupuesto millonario (2.598.451 euros) es una acusación muy grave que perjudica, sin duda, a los intereses municipales y, en todo caso en este supuesto, puede existir un conflicto de intereses entre los del Ayuntamiento y los de los trabajadores municipales imputados«.