El Ayuntamiento de Ciudad Real ordena la ampliación del vallado de seguridad para la demolición del número 5 de la Plaza Cervantes sin contar con los propietarios

Eusebio Gª del Castillo Jerez.– El Ayuntamiento de Ciudad Real achaca a los propietarios del inmueble declarado en ruina de la Plaza Cervantes la demora en los trámites administrativos y en el comienzo de la demolición del edificio. A instancia del Consistorio, y ante la perplejidad de los propietarios, esta misma mañana comenzaban los trabajos previos que consistirán en la señalización y ampliación del vallado de seguridad.

Aunque, según han informado los trabajadores de la empresa constructora, la demolición propiamente dicha no comenzará hasta el próximo lunes, esta mañana se han iniciado los trabajos previos. El concejal de Urbanismo, Pedro Martín, informaba que estas medidas «se acordaron el pasado lunes entre los servicios técnicos del Ayuntamiento, Policía, Movilidad, Urbanismo y Sostenibilidad, pero también con el técnico de la empresa que va a llevar los trabajos de demolición».

«Ahora se está ampliando el vallado para el perímetro de seguridad, dejando el espacio oportuno para la entrada y salida de camiones. Además, se van respetar las zonas de las actividades comerciales para que continúen funcionando con normalidad y seguridad», aclaraba el concejal.

Martín explicaba que, a continuación, comenzarán las labores de demolición, «que son responsabilidad de la empresa y de los propietarios del edificio, así como la seguridad». «La demolición se va a hacer a mano y en un plazo aproximado de tres semanas en el que, además, se trabajará durante los fines de semana para acortar los tiempos de la demolición y, a su vez, los inconvenientes que pueda causar», añadía.

Ante el desconocimiento por parte de los propietarios, el concejal insistía en que en la reunión mantenida el pasado lunes quedó establecido que hoy jueves comenzarían los trabajos previos. «Desde que, en mayo de 2013, cuando los técnicos municipales detectaron las primeras grietas en el edificio, los propietarios podían haber solicitado la demolición, pues la licencia es independiente de si se produce un expediente de ruina económica, como el que se solicitó por parte de los propietarios. Han tenido tiempo de hacerlo hasta ahora. Ha sido el Ayuntamiento -aseguraba Martín- quien ha ido obligándoles a que ejecuten una y otra vez todas esas acciones que la ley marca a cualquier propietario de un edificio, que es siempre el responsable de su conservación».

Pedro Martín recriminaba a los propietarios que no hubieran agilizado los trámites. «Si tanto miedo tenían a que pasara algo podían haber acometido la demolición mucho antes. En agosto estableció el Ayuntamiento el perímetro de seguridad y son ellos los que han solicitado ahora la licencia de demolición».

Por su parte, Luis Burgos, presidente de la comunidad de propietarios del número 5 de la Plaza Cervantes, manifestaba su sorpresa ante la iniciativa tomada por parte del Ayuntamiento. «No teníamos conocimiento de que iban a hacer esto». Según ha explicado, desde el Consistorio se habrían puesto en contacto directamente con el ingeniero y la empresa constructora para que se iniciaran los trabajos previos. «De la empresa que supuestamente va a hacer el derribo del edificio, porque todavía no se ha firmado el contrato», puntualizaba Burgos. «Parece ser que el Ayuntamiento ha actuado porque como, una vez concedida la licencia, tenemos cinco días  para iniciar la demolición, habría cierta premura ante la necesidad de instalar las señalizaciones y dejar todo en perfecto estado antes iniciar el derribo».

«A las diez de la mañana se ha concedido la licencia y las doce ya está el perímetro puesto. Dicen que se ha ordenado a través de la propiedad, pero la propiedad no sabíamos nada», aseveraba.

«Ahora resulta si hubiéramos presentado el expediente de ruina que ellos nos lo hubiesen concedido en tres o cuatro días y que si hubiéramos querido tirarlo hace seis meses lo hubiéramos podido tirar sin ningún problema», comentaba el presidente de la comunidad tras una conversación con el concejal de Urbanismo. «Parece ser que con todos los gastos en los que ha incurrido la propiedad resulta, ahora, que hemos hecho el panoli». Y añadía que, desde el Ayuntamiento, culpan a la propiedad «porque no se ha mantenido correctamente la conservación del inmueble. Una vez que tiremos el edificio veremos qué decisión adoptamos».

Por último, Luis Burgos advertía que, una vez que finalice el derribo del edificio los propietarios estudiarán las causas del hundimiento y deterioro del inmueble, «y sobre esas causas procederemos, bien judicialmente, bien por otros medios. Ahora mismo está en manos del servicio jurídico y de los técnicos. Si ellos piensan que la demolición del edificio se ha tenido que hacer por razones distintas a la propia conservación del edificio, tomaremos las medidas oportunas».