Ni «actos vandálicos» ni «sublevación»: La zona azul traspasa la línea roja de la insurrección semántica

Eusebio Gª del Castillo Jerez.– A tenor de las expresiones vertidas en el conflicto político que enfrenta al Ayuntamiento con la entente formada por la oposición y los vecinos disconformes con la ampliación de la zona azul, Ciudad Real parece abocada sin remedio a un estado de sitio municipal. Sabotaje, actos vandálicos, desobediencia civil o sublevación, son algunos de los términos desproporcionados que se han disparado en el fuego cruzado de la guerra de los parquímetros. Miciudadreal.es pretende mediar en este combate dialéctico, entonando el mea culpa y proponiendo un alto el fuego verbal a los contendientes.

Durante la Feria de Ciudad Real, el Ayuntamiento comenzaba a pintar las líneas naranjas y azules de la ampliación de la zona azul en las calzadas de las calles agraciadas. Los ánimos comenzaban a caldearse en ese momento, pese a que Izquierda Unida llevara ya semanas informando a los vecinos de las intenciones del Consistorio. A finales de agosto amanecían pintados con espray una decena de parquímetros de la nueva zona azul y, pocos días después, alguien arrancaba los cables de las cámaras de control de tráfico de algunas de las calles peatonales de la ciudad.

Manuel Maroto Calatayud, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor ayudante de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, explica que, aparentemente, los desperfectos han sido muy leves, por lo que, legalmente, los hechos serían, en todo caso, constitutivos de una falta de daños (artículo 625 del Código Penal); lo que lleva aparejada una multa y normalmente el pago de los desperfectos en concepto de responsabilidad civil. Ése es, además, el tratamiento que la jurisprudencia ha dado a los casos de daños a parquímetros. «Son prácticas de boicot muy frecuentes y, aunque sólo una pequeña minoría de casos llega a sustentar un proceso penal, hay bastantes sentencias», comenta. «Si se prueba que el importe de los daños causados supera los 400 euros, hablaríamos de un delito de daños (263 del Código Penal), lo que conlleva una multa mayor, e incluso penas de prisión en casos muy graves».

Un tratamiento similar han tenido los actos de boicot llevados a cabo por los piquetes informativos en las huelgas, por ejemplo, la obstrucción de puertas y cajeros automáticos con silicona, «ilegalidades muy comunes que ocurren en el contexto del ejercicio del derecho a la huelga. En la jurisprudencia no se ha planteado un debate sobre los daños a la propiedad como forma de protesta política. La jurisdicción penal, por lo general, sirve precisamente para evitar los debates políticos de ese tipo, algo que se ha podido apreciar también en la respuesta mediática cuando los califica de meros actos vandálicos. Es más -continúa-, buena parte de las sentencias consideran que estas máquinas no son bienes de dominio o uso público o comunal, sino propiedad privada de la empresa concesionaria, por lo que no entienden que sea uno de los casos graves recogidos en el artículo 263.2 del Código Penal».

«Conviene recordar que, contra lo que muchos piensan (y contra lo que muchos defienden), la propiedad no es un valor absoluto en nuestro ordenamiento». La propia Constitución establece, en su «olvidado» artículo 33, que el derecho a la propiedad estará limitado por su función social. «Desde luego esto no hace legal el sabotaje», puntualiza Manuel Maroto. «Quiero decir con ello que los daños a la propiedad o la posibilidad de que ocurran no son carta blanca para la limitación o negación del ejercicio de derechos fundamentales, algo particularmente frecuente en cuanto a la limitación del uso legítimo del espacio público». Así lo reconoce, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Que la propiedad fuera un valor absoluto y que cualquier daño mínimo fuera considerado un grave atentado antidemocrático y un ejercicio de vandalismo pondría en grave entredicho la efectividad de derechos fundamentales, como los de manifestación (que siempre implican cierto riesgo de daños) o de huelga (que en sí, está basado en la capacidad de los trabajadores de producir pérdidas económicas)».

Por tanto, legalmente, los daños sufridos por los parquímetros y las cámaras de vigilancia no serían más que una falta. Expresiones como actos vandálicos o desobediencia civil, estarían fuera de lugar.

La desobediencia civil implica aceptar las consecuencias de los actos
Pedro Oliver Olmo, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco y profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha explica que esas acciones, aunque puedan parecer «brutas» son, sobre todo, políticas y, cuando son tildadas de «vandálicas», no se hace por otra cosa que por criminalizarlas, despolitizándolas. «No es desobediencia civil, ni mucho menos, porque ésta exige un diálogo -rupturista, pero diálogo político– al dar la cara; cuando el desobediente asume de forma colectiva el coste (legal-penal) de la acción ilegal, porque lo que pretende es problematizar (y dramatizar) un conflicto que las autoridades están negando, para abrir un debate público, ganar apoyos sociales hacia los desobedientes (por ejemplo, con autoinculpaciones) y eventualmente conseguir un cierto desorden en la respuesta represiva, con el fin de ir generando apoyos y más desobediencias, hasta que el conflicto se resuelva». Un sabotaje clandestino, por legítimo que algunas personas pudiera parecerle, echa por tierra todo esto, a juicio de Oliver.

Manuel Maroto coincide en la argumentación. «Sobre todo por una razón: las diversas escuelas de la desobediencia civil parten de la noción de que hay que aceptar las consecuencias de los actos desobedientes, aunque estas sean injustas, para hacer oír los argumentos disidentes». En este caso, objeta, no ha sido así: «no se confronta abierta y públicamente la legalidad, con el fin de elevar al cuestión al debate político, sino que se ha hecho clandestinamente».

Sobre si la desobediencia civil abarca los daños contra la propiedad, este jurista comenta que, tradicionalmente, desde los movimientos de desobediencia civil se ha rechazado que así sea. Pero hay algunos casos fronterizos. En EEUU ha tenido mucha relevancia el movimiento pacifista cristiano de los Plowshares, que ha reivindicado los ataques contra la propiedad cuando entiende que los objetos atacados, en sí mismos, “no tienen derecho a existir”. Toman la idea de un pasaje de la biblia (Isaias, 2:3-4) que habla de transformar “las espadas en arados”, y han realizado accciones diversas. En 2008, por ejemplo, inhabilitaron una de las antenas de la red de espionaje Echelon en Nueva Zelanda, rasgando la esfera de plástico que la cubría. Durante el juicio admitieron sus acciones, pero declararon que lo hicieron para salvar vidas puestas en peligro por la colaboración con el ejército estadounidense. Un jurado popular les dio la razón y fueron absueltos. «Obviamente -matiza-, la gravedad de los intereses en juego son distintos a los del caso de los parquímetros, lo que hace que no sean casos equiparables. El sabotaje también ha cobrado en las últimas décadas una especial importancia en las acciones de defensa del medio ambiente (1, 2)».

Manuel Maroto señala una serie de casos de daños a la propiedad en España que sí podrían encajar dentro del ámbito de desobediencia civil: los de eliminación de objetos urbanos de ensalzamiento del franquismo. Recientemente se publicaba la noticia de la condena a pagar 434 euros a un escoces que destruyó una placa franquista, por considerarla un símbolo ilegal y un homenaje a un régimen antidemocrático, amparándose en la legalidad vigente. «Hay otros casos parecidos, que incluyen los daños o la destrucción de propiedad, y creo que sí reúnen las características de la desobediencia civil en sentido estricto».

«Las fronteras entre la protesta institucional, la desobediencia civil, y otras formas de resistencia y sabotaje ilegales son dinámicas y difusas. Cuando hablamos de reivindicaciones mayoritariamente percibidas como legítimas, cuanto mayor sea el ámbito posible de la protesta institucional, menor será el recurso a la desobediencia civil; cuanto más se criminalice y se reprima la desobediencia civil, mayor será el recurso a formas distintas públicas de canalizar el descontento». Además, señala que el agotamiento de los cauces legales de protesta y participación ha sido también una de las bases que legitiman la desobediencia civil. «Cuando esos canales no existen, o no son efectivos, se abre la puerta a la protesta al margen de las instituciones. Aunque la relevancia del problema de la zona azul -añade- es muy relativa, comparada con otros problemas sociales o ecológicos, ese debate sí ha sido puesto de manifiesto por los medios al hilo del ataque a los parquímetros, lo que denota el fuerte simbolismo de la acción».

La alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, acusaba a primeros de septiembre a IU de «estar haciendo casi un llamamiento a la sublevación», por sus críticas a la zona azul. «Eso no puede suceder en un contexto democrático, ya que la existencia de un último recurso a la sublevación frente a gobiernos injustos fue precisamente lo que caracterizó a las democracias desde su surgimiento». Asimismo, advierte que, cuanto más excluyen las instituciones a la ciudadanía del ejercicio legítimo de sus derechos, más se fortalece la idea de un último derecho a la resistencia, que ha sido una de las bases del constitucionalismo moderno. «No hay que olvidar que la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge, por ejemplo, que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; o que la Constitución alemana, o la Declaración de Independencia americana reconocen ese último derecho a la resistencia».

En todo caso, sobre la oportunidad o no de acciones como las de boicotear los parquímetros, Manuel Maroto coincide con Pedro Oliver en que el peligro de que sean contraproducentes es grande. «En una sociedad donde la propiedad privada (que no la común, que es saqueado sin pudor) parece sacrosanta, cualquier leve daño es demonizado y utilizado para espantar a la población, fortalecer la autoridad, y para disciplinar aún más el uso del espacio público». Comenta que, en las protestas contra la ampliación de la zona azul en Madrid de hace unos años, se utilizó un repertorio de protesta más creativo (1, 2) y público. «Desconozco los efectos que tuvieron, pero es importante aprender de experiencias pasadas».

Por otra parte, durante el llamado Debate sobre el estado del municipio, organizado por Izquierda Unida y celebrado en el Antiguo Casino de Ciudad Real el 30 de agosto, se proponía, como medida de protesta, no pagar la zona azul. «Si vamos masivamente, vamos -decía uno de los participantes-, pero si vamos cuatro nos van a cargar a multas». Independientemente de las personas que secundaran el llamamiento, éste sí sería un caso de desobediencia civil. Todo lo contrario que la campaña Objetivo: 90 Días, promovida por el PSOE para que los ciudadanos no utilicen las zonas de aparcamiento de pago y busquen otras alternativas. Según los socialistas, si ciudadrealeños y visitantes no usan la zona azul durante 90 días, “Ayuntamiento y empresa no cumplirán su objetivo económico y tendrán que negociar para dar marcha atrás en esta injusta medida”. Por más que esta acción se haya publicitado en Facebook como una campaña de desobediencia civil en Ciudad Real ante el abuso de la zona azul, éste no sería el caso, pues se trataría de un boicot.

Para Manuel Maroto puede parecer exagerado sacar a relucir conceptos como los de derecho de resistencia al hilo de un tema local y pequeño como el de la zona azul, «pero existe una relación, y es el del uso generalizado de las ordenanzas y reglamentos locales para restringir el ejercicio legítimo de derechos y para disciplinar el uso espacio público». Recientemente la prensa publicaba que en Fuencarral la policía municipal disolvía un mercadillo de trueque de libros de texto, con el argumento de que se trataba de una actividad comercial que exigía licencia. «Exactamente lo mismo ocurría en Ciudad Real hace unos años», recuerda. «Cuando las cargas impositivas no solo son utilizadas con fines meramente recaudatorios, sino para limitar el uso legítimo del espacio público y el ejercicio de derechos fundamentales, y cuando los cauces legales no permiten ninguna forma efectiva de protesta, entramos de lleno en el ámbito de la legítima desobediencia civil y de otras formas de resistencia. El espectáculo de una ciudadanía sobre la que imponen injustamente nuevos impuestos -añade-, cuyos salarios y prestaciones sociales se limitan, mientras el despilfarro y la corrupción prevalece entre las élites que la gobiernan, es un problema que los gobiernos ya no pueden ignorar». Hasta algo pequeño y cotidiano como la regulación de la zona azul, saca a relucir, según Maroto, cómo nuestro sistema democrático ha renunciado a siquiera intentar transmitir la voluntad de las mayorías sociales. «Alguien debería recordarle a Rosa Romero que la frase no taxation without representation (no hay impuestos sin representación) fue uno de los motivos inspiradores de la revolución estadounidense, que resultó en esa democracia que, probablemente, admira. Si desea que los vecinos de Ciudad Real no se opongan a asumir impuestos, debería preocuparle más que se encuentren convenientemente representados. Y a veces, claro, ambas cosas serán incompatibles», concluye.