El alcalde de Valdepeñas niega que haya contratado los servicios de Garrigues, a pesar de las evidencias documentales

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha negado hoy que haya contratado los servicios del bufete jurídico vinculado al juez del Tribunal Supremo que archivó una querella por prevaricación interpuesta contra el alcalde. Estas declaraciones contrastan con la documentación consultada por Miciudadreal.es, y que evidencia que, a pesar de sus declaraciones, el también senador socialista contrató por algo más de 20.000 euros los servicios del bufete jurídico Garrigues, vinculado con el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena, dos semanas después de que este juez fuera nombrado instructor de la querella por prevaricación y desobediencia interpuesta contra el alcalde por el arqueólogo Luis Benítez de Lugo.

En rueda de prensa, Martín ha negado que haya contratado al gabinete Garrigues, al asegurar que su abogado «es de Manzanares y no pertenece a ningún gabinete». La realidad es que el Ayuntamiento de Valdepeñas notificó la aceptación del presupuesto de Garrigues, por importe de 20.570 euros, el 31 de enero de 2013, 24 horas después de la entrada en el registro municipal del presupuesto enviado por el gabinete jurídico. Este presupuesto fue elaborado por Garrigues a petición del propio alcalde.

[Poco después de que esta información, que recoge la interpretación de Miciudadreal.es de las declaraciones del alcalde, fuera publicada, el gabinete de prensa del Ayuntamiento ha remitido a este digital una nota en la que insta a la corrección de la noticia «lo antes posible». En la nota de petición de rectificación, el gabinete de prensa aclara que «el regidor municipal en ningún momento se refirió durante su comparecencia al bufete jurídico Garrigues». «Tan sólo, en el marco de la rueda de prensa en relación al archivo de la querella contra el alcalde por una plaza de arqueólogo municipal y a pregunta de un periodista sobre si fue Garrigues el bufete de abogados que ha contratado, el alcalde señaló que “mi abogado es Tomás Fernández Arroyo, de Manzanares”, reza la nota]

Los servicios jurídicos de Garrigues están siendo utilizados por Martín, en calidad de alcalde y concejal de Hacienda, en su causa judicial contra un grupo de funcionarios del Ayuntamiento, a los que acusa de irregularidades en la liquidación y cobro de tributos.

Dos semanas antes de la contratación de Garrigues, el 14 de enero de 2013, la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordaba admitir a trámite la querella por prevaricación interpuesta por el arqueólogo Luis Benítez de Lugo contra el alcalde, y nombrar instructor al magistrado Manuel Marchena. Se da la circunstancia de que Marchena está vinculado con el gabinete Garrigues merced a su colaboración en cursos, conferencias y eventos jurídicos de alto nivel organizados por el bufete.

El pasado 6 de mayo, el Tribunal Supremo archivó la querella contra Martín, por posibles delitos de prevaricación y desobediencia relacionados con la adjudicación de una plaza de arqueólogo municipal en 2002.

«Una mentira no se puede hacer verdad en un tribunal» 

Respecto al archivo de la querella contra el regidor municipal, Martín ha dicho que “una mentira se puede hacer verdad en un titular de prensa pero no en el Tribunal Supremo”.

En este sentido, el primer edil se ha remitido al auto del instructor del Tribunal Supremo (colgado en la web www.valdepenas.es) que califica la causa como carente de relevancia penal, y ha destacado que “tener un papá abogado, que el papá tenga amigos importantes y que las querellas salgan gratis aunque dañen el honor de las personas porque el papá es abogado, con esos mimbres no se aprueba una oposición, las oposiciones se aprueban estudiando”.

Martín ha calificado de “denso y clarificador” el auto del instructor en el que sentencia que “no pueden pasar desapercibidos algunos hechos, como que las bases publicadas en 2002 no fueron aprobadas por el alcalde aforado, sino por el anterior sucesor en el cargo, y que el nombramiento del cargo del actual arqueólogo mediante decreto de alcaldía también fue otorgado en enero de 2003 por el titular de la corporación en aquel momento, que no era Jesús Martín”. En este sentido, ha manifestado en su comparecencia ante los medios que “la querella de la que se han servido no pocos titulares de prensa se basaban en una falacia en la que no se decía la verdad en tanto en cuanto ocultaban el dato objetivo de que el alcalde que hizo esos dos actos que han motivado la querella no fue Jesús Martín”.

El regidor municipal ha afirmado que el querellante, Luis Benítez de Lugo, “ha hecho de la mentira su oficio con afirmaciones a los medios de comunicación que no coinciden con la realidad del auto, como que el instructor ahora focaliza toda su atención en el tribunal calificador de ese proceso, cuando ni si quiera lo mienta en el auto”, ha manifestado.

Complicidad de la oposición

Además, ha dicho que el instructor del Tribunal Supremo decidió archivar libremente la querella, “lo que ha provocado un intento burdo y obsceno del querellante para que continuase”, dijo el primer edil, quien añadió que entre las alegaciones que Benítez de Lugo presentó al alto tribunal incorporó tres correos electrónicos remitidos al querellante por los tres portavoces municipales de la oposición, PP, PLJ e IU, una actitud la de los munícipes que Martín ha calificado de “acción conjunta” y “decepcionante”.

“Se deduce la complicidad de la oposición con el querellante, que se suma a otra querella infundada y también archivada, que siete años después investigada por un juez demuestran que IU y PP, con dinero opaco que ahora se investiga por parte de un juez, pretendieron torcer la voluntad popular de un pueblo para lo que no podían conseguir en las urnas poder conseguirlo en los tribunales”, concluyó.