El alcalde de Valdepeñas contrató a un bufete jurídico vinculado con el magistrado que archivó su causa por prevaricación

Santos G. Monroy.- El senador socialista y alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, contrató por algo más de 20.000 euros los servicios del bufete jurídico Garrigues, vinculado  con el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena, dos semanas después de que este juez fuera nombrado instructor de la querella por prevaricación y desobediencia interpuesta contra el alcalde por el arqueólogo Luis Benítez de Lugo. El pasado 6 de mayo, el TS archivó la querella, al no encontrar Marchena indicios de delito.

La contratación del madrileño bufete Garrigues, por 20.570 euros, se produjo el 31 de enero de 2013, 24 horas después de la entrada en el registro municipal del presupuesto enviado por el gabinete jurídico el 28 de enero a petición del regidor valdepeñero. Los servicios jurídicos de Garrigues están siendo utilizados por Martín, en calidad de alcalde y concejal de Hacienda, en su causa judicial contra un grupo de funcionarios del Ayuntamiento, a los que acusa de irregularidades en la liquidación y cobro de tributos.

Dos semanas antes de la contratación de Garrigues, el 14 de enero de 2013, la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordaba admitir a trámite la querella por prevaricación interpuesta por el arqueólogo Luis Benítez de Lugo contra el alcalde, y nombrar instructor al magistrado Manuel Marchena. Se da la circunstancia de que Marchena está vinculado con el gabinete Garrigues merced a su colaboración en cursos, conferencias y eventos jurídicos de alto nivel organizados por el bufete. Algunos de esos cursos son gratuitos para los asistentes, previa inscripción, y no consta si el juez recibe o no retribuciones en metálico o en especie. La última jornada de conferencias en la que Marchena participó  tuvo lugar el 8 de abril.

El pasado 6 de mayo, el Tribunal Supremo archivó la querella contra Martín, por posibles delitos de prevaricación y desobediencia relacionados con la adjudicación de una plaza de arqueólogo municipal en 2002. La querella de Benítez de Lugo fue interpuesta contra el alcalde de Valdepeñas, pero también contra el concejal Felipe Rodríguez, el secretario municipal Manuel Jesús Villajos y todos los miembros del tribunal del proceso selectivo. Benítez de Lugo acusaba a Martín de un delito de prevaricación y desobediencia durante el proceso de selección, dada la decisión del alcalde de ordenar la publicación de un concurso público que reproducía las irregularidades de otro que anteriormente había sido declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).

Según el auto de Marchena, “pensar que el delito de prevaricación procede de convocar ilegalmente una plaza de arqueólogo por el sistema de concurso-oposición, en lugar del de oposición”, [como establecía el TSJCM], “no puede ser compartida por la Sala». «Es cierto que el Ayuntamiento de Valdepeñas no es libre de optar por una u otra vía de acceso a la función pública, pero de ahí a sostener que, siempre que yerre en su elección, el alcalde que suscribe la orden de convocatoria comete un delito de prevaricación, media una gran distancia», dice el juez.

En la actualidad, permanece abierta la instrucción dirigida a investigar las presuntas ilegalidades en la contratación al arqueólogo municipal de Valdepeñas, aunque el auto de Marchena saca de escena, salvo recurso, tanto al alcalde como al secretario del Ayuntamiento, Manuel Jesús Villajos.