Proponen a los grupos parlamentarios que tramiten la ILP sobre eliminación de prebendas políticas rechazada por el Congreso

Santos G. Monroy.- La comisión promotora de la Iniciativa Legislativa  Popular (ILP) que insta a la eliminación de prebendas de la clase política cesada sigue firme en afán de comprometer y concienciar a los grupos parlamentarios sobre la legitimidad de sus aspiraciones. Después de que la Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados decidiera, este verano, no admitir a trámite la ILP,  los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real que la presentaron han decidido remitir una copia a todos los grupos. El objetivo, que la «hagan suya» y que apoyen su tramitación en la cámara baja. Según los promotores, se optado por esta decisión «al no disponer de recursos económicos para reclamar al Tribunal Constitucional» y para «clarificar las posturas» de los partidos con representación en las Cortes Generales ante estas prebendas.

Según relatan los representantes de la comisión promotora, hoy mismo serán remitidas copias de la ILP a los grupos parlamentarios del PP, PSOE, Convergència i Unió, Izquierda Plural, UPyD, EAJ-PNV y grupo mixto.

La comisión promotora considera que su iniciativa, en todo caso, debiera haberse desestimado parcialmente, y no en términos absolutos, aunque subrayan que la actualidad política, con noticias como la eliminación de los pluses vitalicios a ex altos cargos socialistas en Castilla-La Mancha, ha dado una nueva dimensión a sus reivindicaciones.

En su carta a los grupos, los remitentes subrayan que «ya que [la Mesa del Congreso] nos ha negado este canal de participación, y creyendo que nuestra iniciativa no tiene ningún inconveniente y supone un ahorro en las cuentas públicas de las distintas administraciones, hemos pensado que puede ser interesante que la presente en el Congreso su grupo parlamentario, máxime cuando en algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, se ha puesto en marcha esta medida con los ex altos cargos que son funcionarios y que cobraban un complemento vitalicio».

«Justicia con los funcionarios»

A juicio de los impulsores de la ILP, estas circunstancias vienen a darles la razón: «esta iniciativa es posible, e incluso necesaria para hacer justicia entre los distintos funcionarios, y que se elimine esa posibilidad de poder cobrar un complemento vitalicio que no tiene justificación alguna».

Los firmantes han matizado que «obviamente, los grupo pueden modificar o mejorar la ILP», aunque les gustaría que «en la medida de lo posible respeten el espíritu que la ha motivado».

Hay que recordar que la Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados decidió el pasado julio no admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por un grupo de ciudadanos de la provincia de Ciudad Real por la que se insta a una proposición de Ley sobre “eliminación de prebendas de la clase política cesada”.

El acuerdo de la Mesa del Congreso, firmado por su vicepresidenta, Celia Villalobos, consideraba que no procede la admisión a trámite de la iniciativa “en la medida en que versa sobre materia cuya regulación el artículo 72 de la Constitución reserva a las propias Cámaras, en contra de lo dispuesto en los artículos 87.3 de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular”.

Según el artículo 72 de la Constitución Española, son las Cámaras las que establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales.

La iniciativa, promovida por cinco ciudadanos de la provincia de Ciudad Real con la ayuda y asesoramiento de otros residentes en distintos puntos de España, señala en sus motivaciones que “en el actual contexto de crisis y aplicación de políticas de austeridad en el gasto para la reducción del déficit del Estado y de las Comunidades Autónomas, todas las administraciones están recortando partidas presupuestarias que afectan a los principales pilares del Estado del Bienestar”.

“Privilegios incomprensibles” en tiempos de crisis

“Sin embargo –prosigue- se puede apreciar que los directivos y políticos con funciones en las diferentes administraciones y en los órganos representativos de decisión de la Nación, mantienen sus privilegios de forma indefinida, incluso una vez cesados, o reciben una indemnización que atenta contra los principios básicos de igualdad y entra en conflicto con las políticas de austeridad y contención del gasto”.

Los promotores consideran que el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios, aprobado por las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión del día 11 de julio de 2006, “concede unos privilegios a quienes han sido parlamentarios, al margen del cumplimiento óptimo de su función, que son incomprensibles en este contexto de crisis”.

Por tanto, señalan que “las Cortes deben legislar en favor del pueblo español, depositante de la soberanía de la Nación, y las normas citadas dejan fuera de su ámbito a más del 99% por ciento de la población, dándose el caso, en líneas generales, de que es la población menos necesitada de complementos económicos la más favorecida en estas situaciones”.

La proposición de Ley de esta iniciativa legislativa popular plantea la desaparición con carácter retroactivo de “cualquier tipo de consolidación retributiva asociada a la categoría, nivel o escalón que se derive del desempeño del puesto de alto cargo en cualquier Administración Pública”, así como la eliminación de indemnizaciones a los ministros y parlamentarios cesados.

Los impulsores de la propuesta, que han creado un blog (http://fueraprebendas.blogspot.com.es/) y la cuenta de Twitter @sinprebendas.