La Fiscalía pide la absolución para el ciudadano denunciado por alteración del orden al intentar grabar un pleno municipal

Santos G. Monroy.- La Fiscalía del Estado ha pedido la absolución de José Manuel Pérez Trujillo, el ciudadano de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), denunciado a instancias de la alcaldesa Jacinta Monroy (PSOE) por alteración del orden público al intentar grabar un Pleno municipal sin el consentimiento de la primer edil. La Fiscalía considera que los hechos denunciados no tienen la enjundia para ser constitutivos de sanción, a lo que hay que sumar la incomparecencia de la alcaldesa al juicio por faltas celebrado hoy en el juzgado número 3 de Puertollano.

El juez ha dejado el caso visto para sentencia, aunque el fallo será previsiblemente favorable al denunciado tras la incomparecencia de Monroy y la petición de absolución por parte de la Fiscalía. Era un desenlace esperado, en tanto que la propia alcaldesa, hace unas semanas, comunicó verbalmente a Pérez Trujillo su intención de no comparecer en la vista y de zanjar la polémica.

En la puerta del Juzgado, el denunciado ha agradecido la colaboración de todas las personas que se han acercado físicamente para apoyarle, así como el esfuerzo de «todos los que, desde la sombra, han invertido muchas horas de su tiempo ayudándome con las alegaciones».

Se pone así punto y final a una historia que comenzó el pasado 29 de febrero, cuando Monroy, tras casi tres horas de espera, suspendió la sesión plenaria ante la negativa de Pérez Trujillo a apagar la cámara con la que pretendía registrar el pleno.

Cuando la noticia trascendió, el revuelo causado obligó a Monroy a aceptar que los plenos municipales pudieran ser grabados en vídeo por una empresa especializada, merced a la aprobación de una moción de urgencia.

No obstante, la primera edil sostenía entonces que Pérez Trujillo era culpable de un “incidente de desorden público”, motivado por una “gran animadversión personal” hacia ella, “hasta el punto de que llega a traspasar el límite del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en referencia a una serie de videojuegos humorísticos colgados por el denunciado en internet y protagonizados por miembros de la corporación. Además, la alcaldesa esgrimía como justificación el “vacío legal” existente en torno a la grabación de los plenos.

Ahora, la petición de la Fiscalía, que no ve elementos de enjundia para la sanción según el ordenamiento jurídico, ha venido a dar la razón a Pérez Trujillo, para quien las acusaciones de alteración del orden público no tienen sentido, ya que su actitud fue pacífica en todo momento “en el ejercicio de un derecho”. “Sólo ejercí mi derecho a informar, y mi actitud fue en todo momento respetuosa ante la autoridad municipal y el resto de la Corporación”. Además, recuerda que la prohibición de la grabación de plenos es una “censura previa” injustificada en prevención de delitos aún inexistentes, “que vulnera tanto la Constitución Española como la numerosa jurisprudencia generada”.